El terrorismo yihadista es una de las principales amenazas que actualmente afectan a España. La proliferación de armas de destrucción ma Hélène nacional Marcial Guillén/EFE El Congreso aprueba la ley de seguridad nacional El Proyecto, mejorado a su paso por la Cámara Baja, continúa su tramitación en el Senado POR amplia mayoría, el Congreso ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que ha recibido el apoyo del PP, PSOE y UPyD. El 8 de julio, el Pleno rechazó las enmiendas a la totalidad de CiU, La Izquierda Plural, PNV y ERC, que pedían la devolución del texto al Gobierno; y dos semanas después, el 22, la Comisión Constitucional aprobó el Proyecto de Ley, en el que previamente se habían incorporado algunas enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. Ahora ha sido enviado al Senado para que continúe allí su tramitación parlamentaria y pueda estar definitivamente aprobado en otoño, antes de que termine la Legislatura. El Proyecto de Ley fue defendido en la sesión plenaria por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien «responde a una realidad global que está cambiando y que en el concepto mismo de seguridad ha adquirido nuevas facetas, porque se ve sometido a nuevas amenazas y exige un nuevo planteamiento a la hora de enfrentarlas». Entre esas amenazas destacó la del terrorismo yihadista, «que a todos los Estados democráticos nos afecta, que se encuentra en un momento especialmente crítico en la actualidad y que resulta necesario su- brayar por la barbarie y sinrazón de organizaciones que, desde el fanatismo ciego y exacerbado, tratan de imponer por la fuerza una visión única y excluyente del Islam, cometiendo todo tipo de acciones criminales, cada vez más crueles y execrables». Sáenz de Santamaría se refirió también a las amenazas que afectan a la ciberseguridad, a la gestión de infraestructuras críticas, las emergencias y catástrofes… Advirtió que cualquier perturbación producida por alguna de ellas «puede tener un grave impacto sobre la estabilidad de un país, el bienestar de sus ciudadanos y, por tanto, la seguridad nacional». Tras señalar que el Gobierno, en consonancia con otros países de nuestro entorno, ha asumido la necesidad de un enfoque integral de la seguridad para ampliar la cobertura de todos los ámbitos, la vicepresidenta del Ejecutivo afirmó que este enfoque requiere una adaptación normativa, que se lleva a cabo mediante el Proyecto de Ley. En este sentido, consideró conveniente este Proyecto «para amparar las regulaciones sectoriales que hasta la fecha han legislado las vertientes tradicionales de la seguridad, referidas a la defensa, la seguridad pública, la acción exterior o la inteligencia», y para procurar «la mejor organización de los instrumentos, competencias y recursos estatales, garantizando la unidad de acción, la racionalización de medios, la multiplicación de capacidades y sinergias, y la coherencia, eficacia e integración de esfuerzos». Todo ello demanda, añadió Sáenz de Santamaría, «la mejora de la coordinación entre administraciones públicas y la implicación de la esfera privada y la sociedad civil». La norma mejorará la coordinación entre administraciones públicas 10 Revista Española de Defensa Septiembre 2015 Gicquel
REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA Nº 320
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