La purga de militares y en la administración de Turquía se cuenta por miles de personas. UNA PURGA CASI INCONMENSURABLE Con algunos focos del alzamiento aún activos, el Gobierno de Turquía decretó el estado de emergencia durante tres meses para, según afirmaban, hacer frente a las corrientes golpistas en el país y combatir “la amenaza a la democracia”. El presidente Erdogan invocó el artículo 120 de la Constitución turca, un texto que posibilita al Gobierno emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios. El primer decreto del gobierno turco al amparo del estado de emergencia cerró más de 2.300 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por pertenecer o tener vínculos con las redes de Gülen. Era el comienzo de una purga de dimensiones excepcionales que ha costado el empleo a cerca de 75.000 personas y ha llevado a sus superpobladas prisiones a más de 20.000. Entre los “depurados” hay autoridades políticas, jueces, fiscales, decanos universitarios, profesores, policías, trabajadores de la Oficina del Primer Ministro, funcionarios ministeriales, empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones y, sobre todo, militares. El Gobierno turco ordenó destituir y detener a 149 generales y almirantes, el 40% de todos los militares de ese rango, y a 2.339 oficiales, un 6% de todos los que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Entre ellos están el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y presunto líder del golpe, o los comandantes del 2º y 3º Ejército de las fuerzas terrestres. También han sido arrestados el coronel Ali Yazici, asesor jefe militar de Erdogan, o los dos pilotos que derribaron un avión de combate ruso. Además el Gobierno turco ha disuelto la Guardia Presidencial y cerrado todas las academias militares. Se creará una Universidad de Defensa Nacional, para la formación de oficiales, que dependerá del Ministerio de Defensa y cuyo rector será nombrado por el presidente del país. Por su parte, Erdogan quiere que las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Inteligencia queden bajo el control de la Presidencia en un paso, que necesita aún pasar por el Parlamento, para afianzar una presidencia más fuerte y ejecutiva. También ha planteado en repetidas ocasiones a lo largo de estos últimos meses la restauración de la pena muerte para castigar a los “traidores” que han participado en el golpe. La pena capital se aplicó por última vez en 1984 y quedó completamente abolida en 2004. Estas medidas y propuestas han alarmado a la comunidad internacional, la ONU, gobiernos, instituciones y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Piden a Ankara que se mantenga el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos básicos y muestran su preocupación por si Erdogan, o el Gobierno turco, aprovechen a situación para deshacerse de oponentes y consolidar su poder. TURQUÍA Y EE.UU. El golpe ha tensado aún más las enrarecidas relaciones de Erdogan con sus aliados occidentales. El presidente no ha dudado en ningún momento en acusar a “Occidente” de Los presidentes de EE.UU. y Turquía, aliados pero no necesariamente amigos. 838 REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Octubre 2016
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