algunos países «lejanos», pero el impacto global de los atentados del 11-S hizo que la amplitud de estas respuestas creciera de manera exponencial y saltó a un nivel mucho más visible. Empezaron a tomarse medidas que conciernen directamente a los ciudadanos de los países occidentales: • La primera de estas respuestas fue militar. Con, y por primera vez en la historia, una declaración oficial de «guerra» entre un país (Estados Unidos) y sus aliados contra un grupo ideológico (Al Qaeda). Y la implicación de la inmensa maquinaria militar estadounidense primero en Afganistán, luego en Iraq. Con resultados diversos, como se ha visto. Se puede constatar que, catorce años después, la respuesta militar sigue vigente en varios teatros del planeta, por ejemplo: coalición internacional contra Dáesh en Siria y en Iraq, intervención directa de Francia en Mali, utilización de drones americanos en varios países (Yemen, Afganistán, etc.)… La consecuencia de la faceta militar es doble: humana en primer nivel, especialmente en Estados Unidos, donde se procedió a un reclutamiento de un personal «no profesional», lo cual ocasionó que las pérdidas humanas hayan tenido un impacto aún mayor en este país. La segunda consecuencia es financiera, con el coste inmenso de estas intervenciones que debe ser asumido por todos los países intervinientes. • La segunda respuesta es de carácter legal. Asistimos en todo los países afectados a la creación de leyes «especiales», «antiterroristas», que presentan un carácter más o menos controvertido. Empezó Estados Unidos con la creación del Patriot Act (2001). Esta ley, votada por una abrumadora mayoría de las asambleas (Senado, Cámara de Representantes) estadounidenses aumentó de manera considerable el poder de diversas agencias de seguridad. Pero también condujo a una reducción a veces importante de las garantías constitucionales de los ciudadanos tanto estadounidenses como extranjeros, creando por ejemplo el estatus de «combatiente ilegal» y abriendo la puerta a derivas que han sido ya estudiadas por diversas instituciones como lo son los casos de Guantánamo y de los vuelos ilegales de la CIA en territorio europeo. 36 REVISTA EJÉRCITO • N. 898 ENERO / FEBRERO • 2016 En mayo del 2015, se aprueba por la Cámara Baja del Parlamento canadiense una controvertida ley antiterrorista que amplía los poderes de los servicios de inteligencia del país para actuar contra presuntos grupos terroristas y tipifica como delito alentar ataques terroristas. En el mismo mes que los canadienses, los diputados franceses aprobaron un controvertido proyecto de ley sobre los servicios de información, defendido por el gobierno en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero muy criticado por el riesgo de una «vigilancia masiva». Estas leyes comportan también un aspecto financiero (lucha contra la financiación del terrorismo) así como varios aspectos relacionados con el problema terrorista, aspectos que dependen de cada país (por ejemplo, la indemnización de las víctimas del terrorismo). En la misma línea, varios países adoptaron y/o están en proceso de adopción de leyes similares. Por ejemplo: • Inglaterra: Prevention of Terrorism Act (2005). • Alemania: ley de lucha contra el terrorismo (2002, 2003, 2007…). • Bélgica: Belgium Anti-Terrorism Act (2003), nueva ley en preparación. • Países Bajos: Security Service Act (2002), nueva ley en preparación. Adhan, llamada a la oración • Francia: 14 leyes antiterroristas desde 1986, nueva ley sobre antiterrorismo e inteligencia (2015).
Ejército de Tierra español 898
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