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REVISTA DE HISTORIA MILITAR 112

234 ENRIQUE GUDÍN DE LA LAMA Consiguió que el Gobierno le autorizase esa operación y la llevó a cabo a finales de octubre de 1922 con bastantes más dificultades y pro-blemas de los que había previsto. También la Legión se vio envuelta en las discordias. Se intentó des-virtuarla con algunas medidas. Burguete la alejó de los escenarios de combate. Millán Astray fue apartado de su mando en varias ocasiones y las comisiones lograron que se le impusiese la escala cerrada. Ya harto, Millán Astray, el 10 de noviembre de 1922, poco antes del comienzo de las sesiones de Cortes, dio a la prensa una carta en la que pedía su separación del Ejército por las presiones que estaba sufriendo de las co-misiones informativas. La comisión parlamentaria El 19 de julio de 1922 el Congreso, a la vista de la polvareda que estaba levantando el expediente Picasso, decidió crear una comisión de investigación. Las conclusiones de esa comisión serían el principal pun-to de interés de la apertura de las Cortes aquel otoño. Además, el Consejo Supremo de Justicia Militar había continuado investigando. El 3 de octubre presentó acusaciones contra cerca de 80 oficiales de los que solo nueve eran altos mandos, pero la medida no satisfizo a la opinión pública. Los grupos políticos de oposición pedían una investigación completa de los actos de gobierno y de la intervención del rey en los acontecimientos que condujeron al Desastre de Annual. El 16 de noviembre de 1922, los diputados de la comisión expusieron sus votos particulares. Prieto, por el partido socialista, pedía la separa-ción del Ejército y procesamiento de los generales Berenguer y Navarro, y declaraba responsables al Gobierno de entonces con todos sus minis-tros, y al siguiente, el de Maura. El dictamen de los liberales, por boca de Alcalá-Zamora, era similar, pero concretaba las responsabilidades en el ministro de la Guerra, el de Estado y el presidente del Consejo. Por su parte, los conservadores consideraban que la responsabilidad era solo militar, y el ámbito para exigirla eran los tribunales militares. A partir de ese momento comenzó un debate en el Congreso que fue subiendo de tono hasta provocar la dimisión del Gobierno. El 7 de diciembre comenzaba un Gobierno liberal. Por esas fechas, se convocaba una gran manifestación en Madrid para pedir que se exigie-ran responsabilidades. El Gobierno entrante tomó nota de la reacción popular, pero aún así durante el año 23 se comprobaría que el sistema


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