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79 María Concepción Pérez Villalobos Los asesores militares de género y de protección de la infancia en los conflictos armados En cambio, cuando buscamos en el ámbito de la seguridad y la defensa una respuesta similar en lo relativo a la protección de los niños en conflictos armados, no encontramos ninguna de las actuaciones citadas en el párrafo anterior; al menos, no con la misma intensidad. Esta realidad no es coherente con la prioridad que las Naciones Unidas conceden a ambos ámbitos de protección, mujer y menores, y exige una respuesta urgente para desarrollarlos al mismo nivel en lo que concierne a las fuerzas armadas. Al comparar el marco actual configurado por la ONU con los tratados internacionales básicos del Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra), se aprecia el tratamiento diferenciado que se hace de la mujer y de los niños; diferencia no sólo referida a extraerlos del término genérico de “población civil”, sino también al diseño de disposiciones y programas específicos para mujeres y menores, aunque puedan tener áreas de actuación en que se solapen o complementen. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y partiendo del Derecho Internacional Humanitario, se presentan a continuación los aspectos generales de la protección de la población civil en conflictos armados. Posteriormente, apoyándonos en el marco normativo desarrollado por Naciones Unidas, se analizan por separado las cuestiones relacionadas con la mujer y la formación de asesores de género ya incorporados a los contingentes internacionales, y las relativas a la infancia, para mostrar el tratamiento diferenciado que se concede a su protección en estas situaciones, en las que no se ha previsto la formación e incorporación de los asesores de infancia a las misiones de nuestras fuerzas armadas. Para ello haremos un estudio de ambas situaciones intentando determinar si las funciones de los asesores de género son trasladables a la figura del asesor de infancia; si puede servir como modelo o referencia, y proponer las medidas que deberían adoptarse para su implementación. 2. Protección de la población civil en conflictos armados La primera aproximación debe hacerse aquí desde el Derecho Internacional Humanitario. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 constituyen la normativa básica en que se fundamenta la protección de las víctimas de los conflictos armados. En particular el Cuarto Convenio, dedicado a la protección del personal civil en tiempo de guerra, que representa una innovación importante, al extender al personal civil la protección debida a los militares “fuera de combate” (heridos, enfermos y prisioneros de guerra)8. 8  El art. 3 del IV Convenio prevé que las personas que no participen directamente en las hosti-lidades serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna,


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