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REVISTA IEEE 9

46 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) Núm. 9 / 2017 Algunos ejemplos como la decisión bastante informal tomada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa del primer ministro Blair de designar al general sir Richard Dannatt como jefe del Estado Mayor del Ejército británico (CGS) sin ni siquiera consultárselo15 indicarían lo cómodos que se encuentran los políticos en el Reino Unido sobre la adhesión de sus militares a los principios de las CMR democráticas. El ámbito de la Formación Militar Profesional (PME) en el Reino Unido muestra un significativo nivel de permeabilidad entre los sistemas educativos militar y civil. El currículo de la formación para oficiales garantiza un contacto intenso y frecuente con los civiles —tanto alumnos como profesores—, y ofrece una combinación de asignaturas militares y civiles, así como títulos civiles, que favorecen el conocimiento y el entendimiento mutuos y facilitan la integración en el mercado laboral general para aquellos que no deseen continuar en las Fuerzas Armadas. Las adquisiciones y el equipamiento (P&A), junto con la justicia militar, son dos áreas en las que los recientes cambios han modificado el régimen de CMR, en este caso reduciendo el margen de autonomía militar. En la primera, el Ministerio de Defensa introdujo en 2011 una reforma integral de los procedimientos de adquisiciones y equipamiento con el fin de adoptar un enfoque más formal para incrementar la eficacia del sistema. La reforma se hizo a expensas de los militares, que vieron reducida su capacidad de influir en las decisiones sobre armamento y material tomadas a nivel político, estableciendo una separación más clara entre el cliente y el proveedor. En el caso de la justicia militar, la transformación se ha realizado de dos formas: civilinización y juridificación16. Mientras que la primera es poco más que una adaptación a los procedimientos civiles con consecuencias insignificantes para el modelo existente de CMR, la segunda implica la introducción de una autoridad judicial independiente en las resoluciones que hasta el momento tomaba la cadena militar de mando. Ese fue el caso, por ejemplo, de la decisión de aplicar las disposiciones de la Ley de Derechos Humanos británica17 a los militares incluso en el transcurso de las operaciones. En el caso de Grecia, el régimen actual de CMR está determinado por dos factores principales que operan en direcciones opuestas. Por una parte, está directamente vinculado a la restauración del gobierno democrático a mediados de la década de los setenta, tras unos siete años de dictadura militar que terminó con unas Fuerzas Armadas divididas y desacreditadas debido a la pobre gestión de los asuntos públicos del país. Por otra parte, se ha visto decisivamente influenciado por la percepción general de una amenaza externa a la seguridad del país procedente de Turquía. 15  INGHAM, Sarah, The Military Covenant. Its Impact on Civil-Military Relations in Britain, Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2014, p. 123. 16  RUBIN, G. R., «United Kingdom Military Law: Autonomy, Civilianisation, Juridification», The Modern Law Review, vol. 65, n.º 1 (January 2002), p. 37. 17  ROWLINSON, Simon P., «The British System of Military Justice», The Air Force Law Review, vol. 52 (2002), p. 20. La Ley de Derechos Humanos es una norma introducida por el Gobierno laborista en 1998 para adaptarse a la legislación europea sobre derechos humanos. http://revista.ieee.es/index.php/ieee

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