673 gobernanza tecnológica? ¿Cómo se podrían conciliar esas dinámicas que, por el momento, si no están enfrentadas, se están ignorando mutuamente? ¿Es la única opción posible o la mejor entre las posibles? Quizás, reconociendo al GAC un estatuto similar al del ALAC se podría haber cubierto, desde la parte tecnológica, la necesidad de una adecuada representación de los Estados. Quizás, arbitrando alguna modalidad de participación de la sociedad civil en los trabajos de los GEG se podría haber iniciado el camino para asociar mínimamente a los actores no estatales en la gobernanza política del ciberespacio. La idea de una Fórmula Arria ampliada a interlocutores sociales, expertos y organizaciones podría ser una vía a explorar en ese sentido. En la práctica, esta dialéctica político-tecnológica plantea serios interrogantes que van desde la viabilidad misma de la convivencia entre ambas modalidades de gobernanza —siendo, como son, diferentes por su naturaleza, objetivos y evolución—, hasta la capacidad del paradigma tecnológico de influir en la solución del dilema de la gobernanza política. La pretendida neutralidad de cada una de esas dimensiones del ciberespacio respecto de la otra no parece defendible. La doctrina insiste en la impronta del aspecto tecnológico, rechazando su pretendida asepsia respecto del político. Desde esa perspectiva se defiende la necesidad de conciliar ambas modalidades de gobernanza27 o, incluso, se reconoce que el concepto de Governance of Internet se ha visto superado por el de Governance by Internet28. En definitiva, esta situación se adivina difícilmente sostenible. Internet es generalmente reconocido como un recurso crítico de cuyo funcionamiento depende el conjunto de la sociedad y de los Estados. La seguridad y la estabilidad en la gobernanza tecnológica son necesarias para la gobernanza política del ciberespacio del mismo modo que la gestión de esta última es fundamental para el sostenimiento mismo de aquella otra. El liderazgo privado, característico de la gobernanza tecnológica, no puede material y legítimamente sostenerse obviando la responsabilidad de los Estados en las políticas públicas. Pero tampoco la autoridad de los Estados podrá efectivamente imponerse 27 De Nardis entiende que «The solution to long-term challenges in Internet governance requires bringing together the political and the technical, rather than dismissing the technical as not politically constructed or the political as not technologically constrained». DeNARDIS, L. «Five Destabilizing Trends in Internet Governance» I-S: A Journal of Law and Policy, vol. 12, 2015, p. 132. 28 MUSIANI, F.; COGBURN, D. L.; DeNARDIS, L. y LEVINSON, N. S. The Turn to Infrastructure in Internet Governance. Nueva York: Palgrave MacMillan 2016. bie3 'ŽďĞƌŶĂŶnjĂƉŽůşƚŝĐĂǀĞƌƐƵƐŐŽďĞƌŶĂŶnjĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞůĐŝďĞƌĞƐƉĂĐŝŽ DĂƌŐĂƌŝƚĂZŽďůĞƐĂƌƌŝůůŽ ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ ϱϲͬϮϬϭϳ ϮϬ
BOLETIN IEEE 6
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