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EJERCITO DE TIERRA JULIO AGOSTO 2016

Geografía e Historia REVISTA EJÉRCITO • N. 904 JULIO/AGOSTO • 2016  89  Estos dos comentarios postales realizados en Bélgica hace más de 150 años ilustran dos aspectos poco conocidos sobre Gibraltar y que continúan de alguna forma hoy en día. El primero de ellos es cómo España ha podido estar financiando indirectamente el Peñón, y el segundo que los auténticos gibraltareños no residen en Gibraltar sino en San Roque, y por tanto es la población sujeta a derecho y no los residentes del Peñón que de forma foránea componen los actuales gibraltareños que residen en la Roca. Esta distinción fue reconocida en su día por Naciones Unidas, tras los esfuerzos diplomáticos españoles. Este es un aspecto crucial. Los actuales gibraltareños son una agrupación artificial, subsidiaria de la base militar británica y que carece de entidad política propia. Los herederos legítimos de los derechos de población de Gibraltar, como he mencionado, residen en San Roque, Algeciras. Es tan crucial, que ceder en este punto sería solamente a cambio de ganancias sustanciales en otros. La población es, por tanto, una de las dos cuestiones vitales en el contencioso de Gibraltar junto con la soberanía del Peñón. Esta última es un asunto exclusivamente bilateral entre España y Reino Unido, que no duda, sin embargo, en utilizar la primera como ardid para no avanzar en el proceso de descolonización reconocido y avalado por Naciones Unidas, después de no pocos esfuerzos de la diplomacia española. Reconocer a la población actual de Gibraltar como los herederos legítimos de algún derecho de ocupación del Peñón, y por lo tanto de su futuro, es la clave de la posición británica, que además une esos derechos con la soberanía del Peñón, que es legítima de acuerdo con el Tratado de Utrech. España, por el contrario, disocia la soberanía del Peñón de su población actual artificial, ya que la legítima, como se señalaba antes, se encuentra en San Roque, lo que indica que la soberanía es un asunto bilateral que resolver en el marco del artículo X del Tratado de Utrecht y que la población está sujeta a un acuerdo entre los dos países en el seno del proceso de descolonización ordenado por Naciones Unidas. Diego de Salinas, el último gobernador de Gibraltar


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