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REVISTA HISTORIA MILITAR 119

20 ALBERTO BRU SÁNCHEZ-FORTÚN tes de pasados cinco días12. Del impulso modernizador de Cassola nació una devaluada Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército, que en 1889 consiguió hacer aprobar el ministro Chinchilla13. En ella se estableció la filosofía sobre la concesión de los ascensos por méritos de guerra que imperará en las décadas siguientes: se trataba ya, simplemente, de recompensar las hazañas, el valor y los sufrimientos de los oficiales, eso sí, en interés del Estado, aunque sin mencionar su derecho a promocionar a los más adecuados. También se creaba, todavía sin nombre, una nueva cruz dotada, a todos los efectos, con una pensión equivalente a la diferencia de sueldo entre el empleo efectivo y el superior inmediato; pero, sobre todo, se instituía por primera vez la obligatoriedad de proceder a juicios de votación, para la concesión de los ascensos de guerra, en las siguientes 48 horas al hecho de armas, sin esperar la orden de formación de propuestas. El mal uso de estos juicios de votación, más proclives a pequeñas componendas que a grandes corruptelas, será una lacra pronta pero largamente sentida durante todos los años que nos separan de la aparición pública de las Juntas en 1917. Como desarrollo de esta ley, el nuevo ministro Azcárraga aprobó en 1891 un primer reglamento sobre recompensas de guerra. En él, la cruz pensionada con la diferencia de sueldo entre el empleo efectivo y el superior inmediato quedó bautizada como cruz de María Cristina, y los ascensos de guerra podían ser renunciados a cambio de ella. Artilleros, ingenieros y médicos militares se acogieron con alivio a esa posibilidad: la escala cerrada se mantendría así en tiempo de guerra y sus miembros, aunque sacrificaban una posible carrera, no perderían oportunidades salariales. En las armas generales, en cambio, aunque el ideal de la mayoría era adherirse también a esa práctica de renunciar a los ascensos de guerra, sin pérdida salarial, nunca existió la cohesión interna suficiente para imponerla a la totalidad de sus miembros, por más que las Juntas lo intentaron, como luego veremos. De todos modos, lo verdaderamente grave era que la corporación castrense se fracturó frente al problema del ascenso de guerra: una parte, la más numerosa, quedó expuesta a sus posibles irregularidades; y la otra, la facultativa, más reducida y prestigiosa, se mantuvo protegida de ellas. Era una situación intolerable para el Ejército y para el Estado que terminaría estallando durante la Dictadura de Primo de Rivera con consecuencias catastróficas para la Monarquía. 12  El proyecto de ley que Cassola presentó a las Cortes sin éxito, en Gaceta de Madrid n.º 113 de 23 de abril de 1887, pp. 204-208, en especial los artículos 65, 66, 67 y 68. 13  La ley la podemos encontrar ya sancionada en Gaceta de Madrid n.º 201 de 20 de julio de 1889, pp. 193 y 194. Nos interesa especialmente el artículo 10. Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 20-66. ISSN: 0482-5748


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