análisis internacional El presidente colombiano junto a los líderes de la delegación gubernamental en La Habana anuncian en septiembre de 2015 el acuerdo de Justicia Transicional. Mayo 2016 Revista Española de Defensa 55 Orlando Barria/EFE ciones con un mensaje contundente, imperativo y cargado de simbolismo —fue pronunciado durante su primer viaje a Cuba— que resume el sentir del pueblo colombiano, de Sudamérica y de toda la comunidad internacional. El texto ya está prácticamente cerrado —se había fijado el 23 de marzo para la firma definitiva, pero el jefe del equipo negociador gubernamental, Humberto de la Calle, y el líder de las FARC, Rodrigo Lodoño Echeverri, alias Timochenko, han acordado darse seis meses más para cerrar los flecos sobre las zonas de concentración de los guerrilleros y el alto el fuego bilateral —y se ha estructurado en apartados que contemplan la realidad colombiana como un entramado en el que nadie es responsable pero todos son culpables. Desde que comenzaron las negociaciones en 2012, se han firmado puntos cruciales como el acuerdo de Justicia Transicional (se establece un sistema independiente creado ad hoc y que implica tanto a guerrilleros como a militares, políticos o financiadores de los paramiltares y en el que tan sólo se juzgarán a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra) y el de Reparación de las víctimas (se ha creado un organismo para investigar lo ocurrido, la Comisión de la Verdad, al que se le dotará de un 3 por 100 del PIB anual para los procesos de indemnización). En 2013 se aprobó la Ley de Restitución de Tierra y Reforma Rural, que determina la erradicación de las plantaciones ilícitas de coca, la reorientación en los cultivos y un programa de legalización de tierras imprescindible en un país donde solo uno de cada dos campesinos tiene derechos formales de explotación sobre la tierra que cultiva. A finales en 2015 fueron acordados los mecanismos para la integración política de los exguerrilleros. La Corte Constitucional colombiana aprobó que podrán hacerlo todos aquellos que se desarmen y no hayan sido condenados por delitos de genocidio. También el pasado año vio la luz una reforma de las Fuerzas Armadas que reduce los efectivos y, sobre todo, reorienta su función para la paz. Los Planes Estratégicos Minerva (del 2012) y Espada de Honor (aprobado en 2014 y que deberá ser renovado antes de que acabe el 2016) fijan unas misiones que, además de la defensa exterior, incluyen la de contención de las bandas criminales, la protección de las zonas libre de guerra y la seguridad en infraestructuras críticas, como los oleoductos. TODOS CONTRA TODOS Para comprender la importancia del proceso negociador y lo que significa es necesario entender la esencia misma colombiana durante el pasado siglo. Las pinceladas dramáticas que tiñeron de corrupción y sangre toda América del Sur y Central (desigualdad social, propiedad latifundista de la tierra, intromisión exterior y falta de espacios para la participación política) aumentaron su intensidad por el cultivo ilícito de la cocaína. Al comienzo de la década de los 90, Colombia era considerado un estado fallido. El Centro de Memoria Histórica de Bogotá (un organismo independiente vinculado al proceso de paz con el fin de reparar el daño causado a las víctimas por cualquier bando) indica que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles; el número de desapariciones entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados de 27.023 y el de asesinados de 150.000. De esta última cifra, el 38,4 por 100 fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 de la guerrilla y el 10,1 de las fuerzas de seguridad del Estado. En 1964 se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, como un grupo de autodefensa campesina con ideología marxista-leninista liderado por Pedro Antonio Marín Marín, alias Tirofijo (muerto en 2008) Los puntos de Justicia a los responsables de genocidio y de Reparación a víctimas fueron los más complejos de aprobar
REVISTA ESPAÑOLA DEFENSA 328
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