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REVISTA DE HISTORIA NAVAL 134

ALEJANDRO ANCA ALAMILLO M.ª de Salazar, en escrito de 6 de marzo de 1830 le indicó que la primera noticia sobre la compra de los buques tenida en el ministerio la había proporcionado el real decreto de 14 de mayo de 1818 del Ministerio de la Guerra, por el que se ponía la escuadra a disposición de la Armada. También citaba la llegada del resto de las fragatas que regaló el zar y las causas abiertas a los capitanes de navío que se negaron a tomar el mando de los buques sin el preceptivo reconocimiento de los mismos. Pero la documentación más importante era un exhaustivo informe del estado de los barcos a su llegada a Cádiz y de los caudales que se presupuestaron para su completa habilitación. Examinados los expedientes en la reunión del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1830, llegó a plantearse la conveniencia de saldar de una vez por todas la deuda, destinando para ello, si fuese necesario, una partida específica en los presupuestos de 1831. No obstante, a principios de 1832, y por acuerdo del Consejo de Ministros, se resolvió que el ministro de Estado encargara a uno o a varios abogados de prestigio un dictamen sobre la posibilidad, siempre conforme a derecho, de evitar el pago de la deuda. Por real orden de 18 de enero, la redacción de dicho informe jurídico se encargaba al comisario regio Vicente González Arnau. Hijo de Antonio González y de María Arnau y Mendoza, este miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid había nacido en la capital del reino en 1776 y era uno de los más doctos hombres de ciencias y letras de la época, reconocido en toda Europa como eminente jurisconsulto y dotado de una gran fortuna que había amasado por sí mismo. Afrancesado y firmante del Estatuto de Bayona (8 de marzo de 1809), se le nombró secretario del Consejo de Estado de josé I Bonaparte. Tras la Guerra de la Independencia se exilió en Francia, de donde no regresaría hasta 1831. Contrajo matrimonio el 9 de enero de 1803 con M.ª Carmen de Elexalde, con la que tuvo dos hijos. Murió el 4 de marzo de 1845, a los setenta y cuatro años. El letrado elaboró dos informes. El primero, fechado el 31 de enero de 1832, fue entregado al ministro de Estado, y en él llegaba a las siguientes conclusiones, basándose exclusivamente en el tratado de 1819, al no habérsele facilitado otra documentación: — La compra se había sustanciado «de majestad a majestad», por razones de amistad y afecto, no interviniendo ministro alguno exceptuando, de manera marginal, su secretario de confianza, Antonio Ugarte, como así afirmaba el propio Fernando VII en una nota dirigida a él fechada el 8 de julio de 1821. — El contrato se firmó sobre la base de la buena fe, sin tomarse muchas de las cauciones legales usuales en estos casos, como establecer las condiciones facultativas necesarias entre las partes con las que reconocer el estado de los buques. — Los buques habían llegado con averías, en cuya reparación hubo que gastar 3.843.320 reales de vellón (véase cuadro en pág. sig.). El navío 102 REVISTA DE HISTORIA NAVAL Núm. 134


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