SECCIONES FIJAS REVISTA EJÉRCITO • N. 921 DICIEMBRE • 2017 101 que Hamás vuelva a la OLP a menos que acepte su programa y compromisos de seguridad7. Finalizado por el autor: 5 de noviembre de 2017. NOTAS 1 «Quartet Statement». www.org/news/dh/infocus/ middle_east/quartet. 20/9/2006. 2 Ayesterán, Mikel. «Hamás entrega el control de Gaza a la Autoridad Palestina». ABC. 13/10/2017. 3 Sanz, Carlos. «El veto de Hamás al desarme amenaza la reconciliación palestina». El País 3/11/2017. 4 «Tensions rise after Israel blows up tunnel from Gaza». Dawn. 31/10/2010. 5 ahhan, Zena. «Official: Unity deal will aid peace process». Al Jazeera. 19/10/2010. 6 Eldar, Shlomi. «Is Israel really implementing economic aid Palestinians?». Al Monitor. 31/10/2017. 7 Makoysky, David. «The U.S. Role in Palestinian Reconciliation: Three Scenarios». The Washington Institute. 20/10/2010. Aparte de la necesidad de que el Estado colombiano sea capaz de prevenir, y la sociedad civil del país de vigilar, que el proceso de paz en marcha entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP o FARC) no deje atisbo alguno de posible impunidad en relación con los crímenes cometidos por dicho grupo durante sus largas décadas de activismo iniciado en 1964, es urgente también acometer en paralelo medidas para resolver algunas cuestiones vinculadas al mismo que tratamos en este análisis. HITOS DEL PROCESO Y SUS CONSECUENCIAS MÁS INMEDIATAS El conflicto sufrido por Colombia, a raíz de la creación de las FARC en el contexto de la dinamización revolucionaria vivida en el continente como efecto en parte del triunfo de la Revolución Cubana (1959), ha producido en cincuenta y tres años más de 220.000 muertos, millones de desplazados y un enorme coste económico, además de una aguda fractura social. Aparte del activismo de las FARC y de la respuesta a la misma del Estado, es preciso añadir en términos de violencia la producida por otros grupos que podríamos calificar de políticos —el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, contra este y contra las FARC, los diversos grupos paramilitares— y por los en momentos muy potentes y letales cárteles de la droga. Centrando este análisis en las FARC, y en el proceso de paz lanzado por el presidente Juan Manuel Santos y canalizado por el jefe negociador Humberto de la Calle, destacaremos que al esfuerzo negociador se llegó tras un importante avance militar que logró debilitar a las FARC, grupo que pasó de tener 20.000 efectivos en 2002 a apenas 7.000 en 2016, aunque cuando se suman los colaboradores estrechos la cifra se elevaría hasta los 11.200 según el International Crisis Group1. A pesar de la complejidad del asunto y de los riesgos políticos que el mismo entrañaba, el presidente Santos decidió priorizar la vía negociadora para acabar con más de medio siglo de enfrentamiento con las FARC. Para dotar a la iniciativa de legitimidad, en 2013 el Gobierno se comprometió a someter a referéndum un proceso en marcha que había llevado a un acuerdo que pretendía ocuparse también de las complejas y múltiples causas del mismo. Al final se optó por el plebiscito —pues las FARC no aceptaban la fórmula del referéndum— y ello como vía para legitimar un acuerdo que se sabía de alto riesgo dada la naturaleza de las FARC, y también la posibilidad de que el grupo se acabara retractando o, incluso, de que sufriera una escisión quedando fuera del acuerdo partidarios de continuar con la violencia. Finalmente el plebiscito celebrado en octubre de 2016 para valorar el denominado Acuerdo CUESTIONES URGENTES A RESOLVER EN PARALELO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
EJERCITO DE TIERRA ESPAÑOL 921
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