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Otra importante novedad de la Ley 9/2017 radica en el tratamiento dado por la norma a la figura del contrato menor. Hasta ahora ampliamente utilizado por nuestras UCO, consecuencia en gran medida de la distribución fragmentada e irregular (desde el punto de vista cronológico) de dotaciones presupuestarias que genera el actual sistema de financiación, la formalización de los mismos se sujeta ahora a los límites de 40.000 euros para el contrato de obras, y 15.000 euros para los contratos de suministros y servicios, cifras, recordemos, en las que no se incluyen impuestos indirectos (salvo lo previsto por el art. 222, en cuyo caso los límites antes citados podrán ser excedidos). Límites cuantitativos, se ha de significar, establecidos solo Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta y sin restricción alguna también mediante medios informáticos a partir del momento en que se notifique la adjudicación del contrato en cuanto a contratos menores del ámbito objetivo de la Ley 9/2017 (y no del correspondiente a la LCSPDS). De mayor calado que el establecimiento de los nuevos límites cuantitativos antes citados resultará, sin duda, el contenido del artículo 118.3 en el que se dispone, en primer lugar, la necesidad de justificar en el expediente que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación (que entendemos referidas fundamentalmente a los procedimientos de adjudicación y a la prohibición de fragmentación del objeto del contrato para realizar varios contratos menores en lugar de un expediente mayor) y, en segundo lugar , la necesidad de justificación de que el respectivo contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente, superen la cifra a la que se hace mención en el anterior párrafo, debiendo los órganos de contratación comprobar y justificar dichos extremos. Se ha de significar que la redacción de la ley, en c u a n t o a esta última limitación y al no ofrecer más detalle, ha suscitado importantes dudas en cuanto a la aplicación del precepto, generando en consecuencia las correspondientes consultas al respecto a los órganos consultivos en materia de contratación administrativa. La configuración práctica de la limitación adquiere singular importancia para la gestión cotidiana de las UCO. Así, y a título de ejemplo, la ley no explicita si la limitación establecida lo es por órgano de contratación, ejercicio económico y objeto del contrato (p. ej., limitación de 15.000 euros/año para el contratista X en suministro de material para obras por haberse alcanzado ya esa cuantía, pero posibilidad de celebrar con el mismo contratista un contrato menor para impermeabilización de tejado de residencia militar, por tratarse de diferente objeto contractual) o si, por el contrario, la cifra a no exceder quedaría solamente referida a órgano de contratación y año, con independencia de los múltiples objetos contractuales susceptibles de ser adquiridos a lo largo del ejercicio (en el ejemplo anterior, imposibilidad absoluta de cualquier otro nuevo contrato menor con el contratista X, sea cual fuese el objeto contractual, por haberse alcanzado ya los 15.000 euros en material de obra). En estos momentos del año, la Junta de Contratación Pública del Estado6 ha resuelto parcialmente alguno de los interrogantes planteados por el precepto comentado interpretando que la limitación no operará siempre y cuando se trate de prestaciones cualitativamente diferentes que no formen una unidad. De la misma forma, y desde el punto de vista temporal, el cómputo para la limitación será el del año inmediatamente anterior a la aprobación del gasto del nuevo contrato menor. Las anteriores previsiones sobre el contrato menor se completan con REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Octubre 2018 777


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