JOSÉ ANTONIO TOJO RAMALLO tentes en las Indias Occidentales. En contrapartida, los Estados Unidos se comprometían a liberar a todos los prisioneros españoles en manos insurrectas y a correr con los gastos de su repatriación, trámite que posiblemente hubiesen cumplido en tiempo y forma de no haberse desatado las hostilidades con los isleños, el 4 de febrero de 1899. A partir de entonces, cualquier intento de negociación entre ambos contendientes iba a complicarse sobremanera, dejando a un tiempo a España inhabilitada para hacerlo por su cuenta (1) Esta situación sería aprovechada por los líderes filipinos, deseosos de conseguir para su tierra el reconocimiento internacional de nación soberana e independiente (2). En un primer momento, exigiendo negociar con España y la Santa Sede la liberación de los presos civiles, militares y religiosos; acontinuación, requiriendo importantes sumas de dinero, armas y municiones a nuestro gobierno. De aceptar cualquiera de ambas demandas, el tratado de París quedaría automáticamente invalidado, y España, sujeta a un contencioso que bien pudiera saldarse con una segunda declaración de guerra por parte de los Estados Unidos. A sabiendas de ello, y tras un mes de infructuosas gestiones por parte norteamericana, el gobierno liberal intentaría un acercamiento informal a los líderes tagalos con el único objeto de conseguir la libertad de los prisioneros retenidos por estos. Fruto de aquellos primeros encuentros ―mediatizados a través del general Diego de los Ríos, hombre de confianza del Gobierno en Manila―, España supo de las pretensiones de los insurrectos: como paso previo a cualquier negociación posterior, todos los reclusos filipinos confinados en penales españoles debían ser liberados de inmediato y repatriados a su tierra. En prueba de buena fe, el ministro de la guerra ―general Correa García― accedería de inmediato a tal exigencia (3), Se confirmaba también la cifra de españoles cautivos: 11.000 militares, en torno a 1.900 empleados civiles y particulares, y varios centenares de religiosos (4). En total, en torno a 13.000 almas, incluyendo mujeres y niños. Pero con el Gobierno atado de pies y manos para cualquier negociación oficial, y teniendo que informar primero a los norteamericanos de cualquier encuentro, fue la iniciativa privada la que continuó en buena medida manteniendo los acercamientos, en especial, facilitando la llegada de medicinas y correspondencia a los prisioneros. Destacada sería la actuación del Casino Español y de la Unión Ibero-Americana de Manila, que desde fecha temprana nombraron comisiones permanentes, integradas por personas distinguidas con contactos al más alto nivel entre los líderes rebeldes, encargadas de proseguir ―de forma no oficial― con las negociaciones (5). (1) Para una información más detallada sobre este asunto concreto, véase JIMÉNEZ MANCHA, pp. 67-85. (2) El Nuevo País, 7 de enero de 1899, p. 1. (3) La Vanguardia, 2 de enero de 1899, p. 3 (4) Heraldo de Madrid, 9 de enero de 1899, p. 1. (5) La Correspondencia de España, 10 de enero de 1899, p. 1. 96 REVISTA DE HISTORIA NAVAL Núm. 142
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