Airbus A400M (T.23) o reducir las opciones de compra con la esperanza de ahorrar 3850 millones en su obtención y un gasto mucho mayor a lo largo de su ciclo de vida10. Más recientemente, Cospedal inició su andadura en el ministerio proponiendo la elaboración de una ley de sostenibilidad de las Fuerzas Armadas que garantizara la financiación de los programas de armamento y material11. Además de la imposibilidad de sufragar las inversiones en el medio plazo, existe otro elemento estructural que permite explicar la insostenibilidad del planeamiento de la defensa. En la década de 1990 muchos países de nuestro entorno plantearon con mayor o menor éxito la racionalización de los procesos de adquisición de armamento, la flexibilización en la gestión de los programas, la reducción de las redundancias en la organización o la externalización de funciones para garantizar la viabilidad de la transformación12. Sin embargo, aunque el gasto militar aumentó en los dos primeros ciclos de planeamiento desde los 7892 millones de euros a los 9066 millones de euros, la gestión de la defensa de nuestro país continuó anclada en las prácticas financieras, burocráticas y empresariales tradicionales13. Además, ningún PEA fue sometido a una revisión externa e independiente sobre su marcha, empleabilidad o conveniencia, sino que además su financiación continuó fundamentada en el sistema de pagos aplazados con anticipos a cargo del Ministerio de Industria. Este modelo se planteó a mediados de los noventa como una solución eventual para garantizar la modernización del armamento en un periodo de crisis económica y debía haberse reemplazado cuando aumentara la liquidez del Ministerio de Defensa. No obstante, esta fórmula se ha mantenido intacta hasta hoy a pesar de la bonanza económica y los cambios realizados en las fórmulas de contratación pública. Conservado para mantener el gasto en defensa artificialmente bajo separando en la práctica las partidas para la obtención de armamento de los gastos corrientes del ministerio para reducir las controversias políticas, este sistema acabó convirtiéndose en uno de los responsables de la inviabilidad económica de la programación militar. Finalmente, el modelo anterior tampoco sirvió para alertar de que los materiales ya comprometidos difícilmente podrían ser sufragados y sostenidos. Además, al utilizarse para justificar la compra de los PEA, y quizás por no integrar las lecciones aprendidas de los conflictos recientes y carecer de estudios sobre conflictos futuros, por intereses corporativos, motivaciones industriales o no contar con expertos externos que auditaran los procesos, tampoco fue capaz de prever, priorizar o financiar la adquisición y sostenimiento de otros sistemas más convenientes para los conflictos actuales y futuros. 916 REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Diciembre 2018
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