TEMAS GENERALES do sudamericano a la industria militar italiana y en potenciar las relaciones diplomáticas de Italia con los países latinoamericanos. Prometió, en caso de conseguir el contrato, facilitar los planos y especificaciones técnicas. Además, los barcos se realizarían con la última tecnología disponible por la Regia Marina italiana. Unos días más tarde, el marino argentino se trasladó a Francia para reunirse con los directivos de la casa Shneider y recorrer los principales astilleros. Su impresión fue negativa. En comparación con la industria naval italiana, la francesa aparecía como obsoleta. En ayuda de la opción francesa, a principios de agosto se presentó la posibilidad de cancelar el compromiso contraído en 1918 para adquirir productos argentinos por valor de 18.463.995 de pesos oro. Francia liquidaría su deuda con la construcción de buques para el país sudamericano. El informe remitido por Galíndez a Domecq García el 6 de agosto de 1926 se inclinaba a favor de la opción italiana para los cruceros, destructores y submarinos. Los barcos de vela previstos en el acuerdo de 18 de mayo deberían ser contratados en astilleros británicos. El ministro de Marina era, por su parte, partidario de aumentar las unidades construidas en astilleros del Reino Unido. En este punto debemos recordar que el Congreso argentino no había aprobado aún el proyecto naval. El diputado socialista Antonio de Tomaso presentó el 15 de julio una interpelación al ministro de Marina para que informara sobre el estado de las finanzas de la Ley 6.283, unidades adquiridas, contratos rescindidos y si fueron implementadas medidas para hacer efectivo el citado decreto. Como se recordará, los fondos para las adquisiciones autorizadas en mayo procedían de dicha ley. Era el inicio de la ofensiva del partido socialista contra la política naval del Gobierno de Alvear. El 28 de julio se aprobaba, a petición de Tomaso, la constitución de una comisión especial para investigar el cumplimiento de la Ley 11.222 o de Modernización de los Acorazados de 1923. El 23 de septiembre daban comienzo los debates parlamentarios sobre la Ley 11.378. Los socialistas se opusieron a su aprobación argumentando los peligros de iniciar una carrera de armamentos navales con Brasil y Chile, la improductividad de los gastos militares que deberían ser empleados en mejorar la enseñanza y la aparición de una nueva política internacional proclive al diálogo y a la paz en el marco de la Sociedad de Naciones. Después de cinco sesiones, el 29 de septiembre, 89 diputados votaron a favor y 21 en contra. Los conservadores, antipersonalistas y los seguidores del expresidente Hipólito Irigoyen, con el que se había puesto en contacto la Armada para recabar su voto favorable, permitieron la aprobación de la Ley 11.378. A pesar de la enconada oposición del ministro de Marina, al discutirse el artículo tercero, se introdujo una modificación: la construcción de dos barcos que tuviesen exclusivamente un uso científico y estuviesen bajo el control directo de la Universidad de Buenos Aires. El 29 de septiembre el Senado aprobaba el Plan de Renovación Naval. La Ley se promulgaba el 5 de octubre de 1926. Muy pronto comenzaron las presiones de los países europeos para hacerse con el contrato 902 Diciembre
RGM_275_5_diciembre_2018
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