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70 ANTONIO AGUILAR ESCOBAR Además, la aplicación de la pena de muerte sería una medida muy negativa para estimular el alistamiento en el ejército, pues como ya se indicó anteriormente la mayoría de la tropa se componía de nativos del archipié-lago y reclutas venidos de Nueva España, muchos de ellos de corta edad: «pues si tuvose por tan rigurosa esta providencia la pena de ca-rrera de baquetas que apenas encontrara quien quisiese aclarar una plaza y si con esta pena se encontraran tantas dificultades, imponién-dose la de muerte practicada en uno u otro desertor se horroriza-ran de suerte estos naturales que ni el agasajo ni la violencia podrán atraerlos».10 Esta medida también fue aprobada por los maestres de campo y sar-gentos mayores de los regimientos. El alegato de Valdés Tamón fue conside-rado por el rey, dictándose una Real Cédula el 3 de mayo de 1741 aprobando las medidas propuestas por el gobernador en sustitución de las contenidas en la anterior orden de 1736.11 Esta medida se mantendría en vigor en las últimas décadas del Setecientos. Por otra parte, el 9 de diciembre de 1746, Fernando VI con motivo de su ascenso al trono decretaba un amplio indulto que incluía a los desertores prófugos que se entregaran en los siguientes tres meses de la publicación de la orden. En las ordenanzas de 1768 se seguía manteniendo la pena de muerte para los desertores: «Los que estando en guarniciones, cuarteles u otros destinos en mis dominios desertaren en tiempos de guerra, serán pasados por las armas … serán reputados como desertores de igual calidad para sufrir la pena de muerte, los que se hallaren con disfraz o sin él em-barcados sin competente licencia en puertos de mi reino … Los que desertaren a los moros bien sea halladonse de guarnicion en presidio o yendo embarcados sufrirán la pena de muerte, ejecutada en la hor-ca … el que indujere a la deserción y se justificare, llegando a efecto, sufrirá la pena de ser pasado por las armas; pero si no llegare a verifi-carse sufrirá el inductor la pena de seis años de presidio».12 Sin embargo, al igual que en las décadas anteriores, la pena de muerte para estos casos en Filipinas se aplicaba rara vez. Además, existían en las 10  AGI. Filipinas, 197, N.10. Carta del gobernador Valdés Tamón al rey de 21/7/1738. 11  AGI. Filipinas, 151, N.2. Carta del gobernador Gaspar de la Torre al rey de 18/6/1743. 12  Ordenanzas de S.M. para el régimen…, op. cit., tratado VIII, título X del tomo III, sobre penas por diversos delitos. Revista de Historia Militar, 124 (2018), pp. 70-90. ISSN: 0482-5748


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