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JUSTICIA MILITAR Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS… 77 jo reclamando para sí la resolución del caso en primera instancia. Un año después, el Consejo de Indias respondió a la Audiencia dándole la razón en su pretensión de aplicar la jurisdicción ordinaria al alférez Claramonte. La decisión se basaba en una investigación llevada a cabo en la que constaba que el alférez, efectivamente, «no tenía asiento en mis libros reales». Además, se aconsejaba a las partes que se atuviesen a la Recopilación de Leyes de Indias (ley 3ª, libro 3º, título 11) que confería a los maestres la potestad de juzgar en primera instancia a los soldados ordinarios «cuando se hubieren alistado para alguna facción militar y estuvieren con las armas en las manos», pero recordaba que esa potestad solo se puede tener con los soldados que actualmente «llevaren sueldo hiciesen la guardias y siguieren bandera ordinariamente». Así, se aprobaba la decisión de la Audiencia y se sugería al gobernador que fuera la justicia ordinaria la que llevara el caso, amonestando levemente al maestre Santisteban y exigiéndole que compro-bara el certificado de asiento en plaza de los militares antes de hacerse con un caso similar. Sin embargo, se utilizaba un tono conciliador, recomendan-do a las partes que procuraran llegar a un acuerdo entre ellas sin descalifi-car claramente a unas u otras. En efecto, era frecuente que el Consejo, en este tipo de conflictos, mostrara cierta ambigüedad en sus dictámenes para no herir susceptibilidades entre dos instancias que eran fundamentales en el buen gobierno de un territorio tan alejado de la metrópoli.21 A finales del siglo XVIII, los delitos y faltas cometidos por los componentes de los ejércitos seguían siendo similares a los de décadas anteriores. En efecto, la deserción, el robo o el crimen fueron los casos más frecuentes en los juicios militares y también los conflictos de competencias que se produjeron. Veremos a continuación un contencioso criminal en el que se alegó la deserción por parte del detenido como fue el caso de José Guy. En efecto, el expediente del proceso por asesinato del indio Juan Sebastián al que fue sometido José Guy es un ejemplo paradigmático de las disputas entre los fiscales y oidores de la Audiencia de Manila por un lado y el gobernador y capitán general del archipiélago por otro, por la competencia en el juicio y sentencia de dicho sujeto. Se trataba, asimismo, de una discusión sobre el ámbito de aplicación del fuero militar a los individuos que en el momento de cometer el delito no estaban en activo en el ejército. Por otra parte, este caso muestra la diversidad de instancias e instituciones que intervenían en la aplicación de la justicia en el archipiélago y cómo, en consecuencia, los procesos judiciales se alargaban en el tiempo extraordinariamente. 21  Ibídem. También en AGI. Filipinas, 333, L.13, f 210-213. Informes de la Audiencia de Manila al Consejo de Indias de 13/2/1735. Revista de Historia Militar, 124 (2018), pp. 77-90. ISSN: 0482-5748


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