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80 ANTONIO AGUILAR ESCOBAR Guy se le condenó a muerte en la horca y al cabo García a ocho años de servicio en galeras en el puerto de Cavite.26 La sentencia sería confirmada el 27 de julio de 1793 modificando el método de ejecución, pasando de la horca al garrote. Sin embargo, a partir de esta fecha se desencadenaría un largo contencioso de casi diez años sobre la ejecución de la condena debido a los sucesivos recursos basados en la competencia de jurisdicciones. An-tes de entrar en el análisis de dicho contencioso y de sus implicaciones en el funcionamiento de la vida en Manila, haremos algunas consideraciones sobre la sentencia pronunciada por el tribunal. En primer lugar, llama la atención una condena tan grave a un funcio-nario de la Renta del Tabaco que, al ser esta institución un ramo de la Real Hacienda, disfrutaban de un fuero especial y, además, el crimen se produce en un acto de servicio. En efecto, los guardas del resguardo tenían licencia para ir armados y para defenderse en caso de ataques, por ejemplo, cuando transportaban caudales, o para detener a los contrabandistas y requisar la carga que llevaran. Sin embargo, parece que en este caso la Audiencia juzga excesivo la actuación de los guardas considerándola como un crimen. Asi-mismo, se otorga mayor credibilidad a la declaración del fallecido cuando afirma que fue atacado sin motivo y no ofrecer resistencia. Aunque la sentencia era firme, el regente de la Audiencia no la había firmado por encontrarse ausente de Manila debido a una enfermedad. Por otra parte, en ese intervalo había llegado al archipiélago el nuevo goberna-dor Rafael María de Aguilar a quien tampoco se le envió la sentencia para que la firmase, requisito necesario para proceder a su ejecución, hasta sep-tiembre de 1793. Pues bien, el gobernador se negó a firmar la sentencia de muerte y remitió un oficio a la Audiencia alegando que José Guy podría dis-frutar del fuero militar y que por tanto su caso debía pasar a la jurisdicción militar, invalidando así el proceso llevado a cabo por la justicia ordinaria. Ese fue precisamente el decreto que originó el largo contencioso que tratamos en este trabajo, pues a pesar de su entrada en vigor pasarían varios años en los que se discutiría su aplicación en numerosas causas, provocando más conflictos de competencias entre las diversas autoridades. Como vere-mos, el caso de José Guy no se resolvería definitivamente hasta 1802. Por otra parte, en el caso que nos ocupa, la personalidad del nuevo gobernador de Filipinas, Rafael María de Aguilar, sería decisiva para dicha resolución gracias a su empeño por establecer la preeminencia de la jurisdicción mili-tar, actitud derivada de su interés por mejorar la efectividad y el aumento de las tropas en el archipiélago. 26  Ibídem, imagen 1-10. Revista de Historia Militar, 124 (2018), pp. 80-90. ISSN: 0482-5748


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