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JUSTICIA MILITAR Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS… 83 originario del reino de Valencia, ni tampoco dice el informe cuántos años había servido y si había sido licenciado en vez de desertar, no cumpliéndose así las condiciones para serle aplicado el fuero. El contencioso sigue pues estancado por los continuos reparos a las decisiones del gobernador y del Consejo que pone el tribunal manilense. Vemos así que la Audiencia se aferra a sus prerrogativas en unos tiem-pos en que hay un incremento de la militarización de Filipinas en el contexto de los conflictos bélicos finiseculares que afectaron a España. En efecto, durante el gobierno de Rafael María de Aguilar se produjo un considera-ble incremento de las fuerzas militares destacadas en el archipiélago. Con motivo de la guerra con Inglaterra a partir de 1796, el gobernador inició preparativos para mejorar la defensa de Manila ante el temor de ataques de la armada inglesa, aunque estos no se llegaron a producir. En ese contexto, parece coherente la insistencia del gobernador en reclamar para sí todas las competencias en las diversas materias de gobierno pasando por encima de la Audiencia y, por tanto, también las judiciales, sobre todo, en una causa que afectaba a un presunto militar y que podía suponer una dificultad para favorecer el reclutamiento de nuevos efectivos en caso de aplicársele una pena tan severa como la que proponía la justicia ordinaria.30 Las consultas y debates en el Consejo de Guerra se sucederán en los años siguientes, así como los recursos del fiscal de la Audiencia exponiendo nuevas objeciones a las sugerencias del alto órgano judicial peninsular. Por ejemplo, todavía en julio de 1801, el fiscal de Manila propone que el rey dictamine una solución final al caso archivando la causa o concediendo un indulto. Finalmente, en 1802, después de revisar de nuevo la causa teniendo en cuanta las nuevas alegaciones de la Audiencia, el rey resuelve e informa al gobernador de Filipinas que sea la justicia ordinaria la competente para sentenciar el caso. Sin embargo, considera que no se debe aplicar al reo la pena de muerte y, puesto que José Guy llevaba ya muchos años en la cárcel, se le condena a cumplir diez años de prisión. Al mismo tiempo se amones-taba al gobernador y al regente de la Audiencia por haber dilatado tanto tiempo la resolución del proceso con «fútiles excusas y que no se dé lugar a que se formen competencias con tan débiles pretextos».31 30  En tiempos del gobernador Rafael María de Aguilar, hacia 1795, el ejército tenía casi 14.000 hombres entre las compañías veteranas fijas y las milicias. Ese número suponía un aumento considerable respecto a los poco más de 8000 bajo el gobierno de Vasco y Vargas en la dé-cada de los ochenta. La mayoría de los soldados eran de origen filipino, ya que los envíos de hombres desde Nueva España se habían reducido mucho. Expedientes de defensa en AGI. Filipinas, 927 y AGI. Estado, 46, N.55. 31  AGI. Filipinas, 338, L. 23, f 201-208. Carta del rey al gobernador Rafael María de Aguilar de 27/5/1802. Las excusas a las que se hacía mención eran la enfermedad que el regente mani- Revista de Historia Militar, 124 (2018), pp. 83-90. ISSN: 0482-5748


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