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86 ANTONIO AGUILAR ESCOBAR Consejo) puede determinar por sí las penas a imponer sin sentencia de con-sejo de guerra”. Sin embargo, cuatro años después se anuló dicha sanción al gobernador Marquina al presentar éste al Consejo un pliego de descargo. Todo el proceso había durado más de cuatro años, sustanciándose el 5 de diciembre de 1799.34 En conclusión, el análisis de varios procesos judiciales a militares, reos de delitos como deserción, robo y homicidio en Filipinas, nos han per-mitido apreciar los mecanismos de la aplicación de la justicia militar para resolverlos. En especial, las dificultades derivadas de la aplicación del fuero militar cuya compleja y variada casuística dilataba enormemente los jui-cios, hasta más de diez años, y ocasionaba conflictos de competencias por enjuiciar a los reos por la jurisdicción ordinaria o por la militar. Por lo que respecta a Filipinas, los conflictos de competencias suscitados se intentaban resolver a través de las consultas al Consejo de Indias o al de Guerra, que se sustanciaban con dictámenes que procuraban conciliar los intereses de las distintas instancias, aunque a medida que discurría el siglo XVIII, y con la creciente militarización de la administración del archipiélago, las sentencias impuestas por el estamento militar acababan predominando sobre las de la Audiencia. La seguridad de un territorio tan alejado de la metrópoli y su interés estratégico y comercial, así parecían aconsejarlo. Los delitos más frecuentes cometidos por la tropa eran los de de-serción. Aunque las penas impuestas llegaron a ser de muerte en algunos casos, pronto los gobernadores filipinos comprendieron que semejante rigor no favorecía el reclutamiento de nuevos efectivos, sobre todo de nativos, tan necesarios ante el escaso número de soldados de origen español que componían el ejército del archipiélago y de los que venían principalmente de Nueva España, de cuya baja aptitud y la excesiva juventud de muchos de ellos protestaban los gobernadores y jefes militares. En consecuencia, a lo largo del Setecientos se decretaron varios indultos a los desertores, así como rebajas en las penas impuestas. En los delitos de robo y homicidio los conflictos de competencia se agudizaban, pues no bastaba que el reo fuera militar para aplicarle el fuero, también debía tener plaza en la guarnición local y estar en activo o retirado pocos años antes de la comisión del delito, pues en caso contrario la Au-diencia reclamaba la causa. Hay que tener en cuenta que dada las pobres condiciones de vida de la tropa no eran infrecuentes esos delitos. Las penas impuestas por robos cometidos por soldados eran muy severas en Filipinas, incluso por objetos o cantidades de valor medio o escaso, pues había que 34  AGS, SGU, leg, 6906,31. Procesos a soldados. 9/8/1795 a 5/12/1795. Revista de Historia Militar, 124 (2018), pp. 86-90. ISSN: 0482-5748


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