El principio de distinción y la identificación positiva non para que el ataque sea legítimo el hecho de que la ventaja militar sea definida. Pues bien, este término supuso un extenso debate en los trabajos preparatorios del Protocolo Adicional I de 1977, pues se discutió sobre la posible utilización de expresiones tales como inmediata, obvia, específica, clara o substancial, siendo todas ellas semejantes en su interpretación74. En suma, que la ventaja militar sea definida comporta la prohibición de una ven-taja militar hipotética o incierta, debiendo ser aquella perceptible, concreta y directa, resultando estos dos últimos adjetivos de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 57.2.a) iii) del PAI, relativo a las precauciones que deben adoptarse en todo momento a la hora de preparar o decidir un ataque. La interpretación del art. 52.2 en su conjunto no resulta uniforme ni pacífica, pues los Estados Unidos de América aplican una interpretación extensiva de la norma en cuestión75, definiéndose en diversos manuales de guerra y de operaciones militares el objetivo militar con sustitución de la expresión «acción militar» por el término war-fighting and war-sustai-ning capability76. La finalidad de esta modificación radica en legitimar el ataque de objetivos económicos siempre que contribuyan efectivamente a la acción militar, aunque sea indirectamente. Esta cuestión resulta pro-blemática, estando la doctrina dividida al respecto77, pero no podemos negar que desde antaño las industrias que han apoyado el esfuerzo bélico han sido objeto de ataques. Ciertamente, la doctrina norteamericana jus-tifica esta interpretación con fundamento en las decisiones judiciales de sus tribunales de justicia, ya que en el año 1870 se reconoció la legalidad de un ataque sobre una fábrica de algodón situada en el territorio de las fuerzas confederadas, porque con las ganancias de las ventas compraban armas y suministros para el ejército78. Además, recientemente el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Haya ha reconocido tácitamente la legitimidad de obtener una ventaja militar in-fligiendo pérdidas económicas al enemigo, eso sí, puntualizando que el bien 74 Cfr. bothe, M., et al. Op. cit., p. 326. 75 WatKin, K. «Assessing proportionality: moral complexity and legal rules». Year-book of International Humanitarian Law, vol. 8. 2005, p. 16. 76 NWP 1-14M. The Commander’s Handbook on The Law of Naval Operations. 2007, párr. 5.3.1.; Operational Law Handbook USA. 2015, p. 23; Law of war Manual USA. De-partment of Defense. 2015, párr. 5.7.6.2., p. 210, en donde se reconoce que tales conceptos 77 Cfr. Report Expert meeting. «Targeting military objectives». Op. cit., p. 3; a favor de incluir los objetivos económicos como objetivos militares green, L.C. Op. cit., pp. 218 y 219; en contra con limitaciones roscini, M. Op. cit., p. 427. 77 no han sido incluidos en los tratados internacionales concernientes. 78 Cfr. rogers, A.P.V. «Law on the…». Op. cit., p. 59. Revista Española de Derecho Militar. Núms. 109 y 110, enero-diciembre 2018
REDEM_109_110
To see the actual publication please follow the link above