Civiles sursudaneses que huyen de la guerra y la violencia reciben ayuda humanitaria en el pueblo de Juba, fronterizo con Sudán 2018, se convirtió en un verdadero ultimátum al Gobierno de Sudán del Sur: «Ha perdido toda credibilidad y Estados Unidos está perdiendo la paciencia (…) No vamos a mantener una asociación con líderes que solo están interesados en perpetuar una guerra interminable caracterizada por atrocidades de motivación étnica», afirmó la entonces embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley. Pocos meses después, Estados Unidos promovió el definitivo embargo de armas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al país africano, además de mantener sus constantes amenazas para imponer nuevas sanciones a los instigadores de la violencia. FRÁGIL PAZ En abril de 2018, el primer ministro Abiy Ahmed asumió el liderazgo de Etiopía y, con la intención de centrarse en la reforma política interna y en solventar sus disputas con Eritrea, cedió el papel de mediador de la IGAD para Sudán del Sur a Al Bashir, por entonces presidente de Sudán, más próximo a Machar y siempre dispuesto a imponer su criterio político en Juba. Como contrapeso, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni —fiel apoyo de Salva Kiir— se asoció con el dirigente sudanés para promover la resolución del conflicto. Por fin, en septiembre de 2018, Addis Abeba volvió a convertirse en testigo de un nuevo acuerdo de paz que, con la premisa de un cese inmediato de las hostilidades, asentó los parámetros para la constitución de un gobierno de transición en Juba en un plazo de ocho meses (con Salva Kiir como presidente, y en el que Machar recuperaba la vicepresidencia), y cuyo objetivo prioritario STR/EFE sería celebrar unas elecciones democráticas en el país tres años después de la constitución del gobierno. Entre los referidos parámetros, y como condiciones previas para restaurar la gobernanza conjunta, pactaron crear un ejército nacional —precedido del acantonamiento y entrenamiento de todas las fuerzas rebeldes, o su reintegración en la sociedad— y resolver la delimitación interna de Sudán del Sur: una distribución territorial que Riek Machar, para garantizar la supremacía de su étnia Dinka, había modificado a su conveniencia, ampliando hasta 32 los diez estados federales existentes al inicio del conflicto. Por último, aunque sin entrar en detalles, la protección de ambos dirigentes en Juba debía estar a cargo de una desproporcionada fuerza militar conjunta, algo que evidenciaba su sempiterna y mutua desconfianza. Poco se avanzó en la consecución de los acuerdos en los meses siguientes, a excepción del cumplimento del alto el fuego —el más largo desde 2013— que ha permitido a la población moverse con mayor libertad, resucitar la producción El acuerdo de paz incluía la creación de un ejército nacional que todavía no se ha constituido 54 Revista Española de Defensa Enero 2020
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