Otras iniciativa recientes fueron la de la Dirección General de la guardia civil en julio de 1891, con el envió de un presupuesto para su instalación (14500 pts.) que el capitán general López Pinto cursó al gobierno civil para su estudio y decisión; la del propio general López Pinto quien solicitó su incorporación 212 JOSÉ LUIS VEGA ALBA en 1892, y los acuerdos de la diputación -años 1892 y 1895-96- que estimaron su presencia conveniente. Estas iniciativas no prosperaron por razones económicas principalmente, aunque una minoría de miembros de la diputación se oponía por considerar innecesaria la presencia del benemérito instituto en el archipiélago. La diputación reactivó este asunto y acordó, en la sesión de 12 de noviembre de 1895, establecer una comisión cuyo dictamen fue favorable, pero los gastos quedaron pendientes de estudio por su comisión de hacienda. Hubo que nombrar otro equipo de estudio, el 18 de noviembre de 1896, que aprobó los gastos presupuestarios (14 000 pts.), los cuales fueron, finalmente, ratificados por la comisión provincial y la diputación el 9 de abril de 189769. La aprobación oficial llegaría el 1 de julio de 1898 -54 años después de la creación de la guardia civil y en plena crisis por la guerra antillana- debido a la forzada reorganización obligada por el repliegue de las fuerzas destinadas en los dominios coloniales. Poco después de esa fecha -y motivado por el retraso en la llegada de noticias que aún causaba el factor distancia, a pesar de los medios telegráficos- un borrador de la capitanía sobre el asunto resumía la opinión del capitán general Montero y Cordero, contraria a la sustitución de la existente guardia provincial por la civil. Según el borrador, la medida propuesta no sería bien recibida en el país, causaría honda perturbación en las actuales circunstancias y, concluía, sería conveniente la suspensión de la reforma, al menos en las actuales circunstancias. Sea cual fuere el contenido del mensaje final enviado por la capitanía al Ministerio de la Guerra, tuvo réplica del ministro Correa, quien le confirmó y justificó la instauración de la guardia civil en la región, pues, aducía, «establecida en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla no había razón para que dejara de existir en Canarias, máxime cuando se organiza sobre la base de los individuos de la guardia provincial hasta clase incluidas». El ministro suavizaba el rechazo a la propuesta del general con una buena noticia, al autorizar la creación de una unidad repetidamente solicitada y esperada: 69 Jable, Ulpgc. B.O.C. de 6 de octubre de 1897. Recoge que la aprobación contó con el voto en contra de los señores Pulido y Alfonso. La comisión y la diputación rechazaron una enmienda presentada por dichos señores en la que se oponían a la consignación económica. El Sr. Pulido era partidario de reformar la guardia provincial y que dependiera de la autoridad civil. Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 212-220. ISSN: 0482-5748
Revista de Historia Militar 118
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