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Revista de Historia Militar 118

96 RAFAEL GONZÁLEZ-MORO VELA ciales no se casen tan jóvenes que el matrimonio constituya un perjuicio grave para los interesados y para los fines del Ejército, ni tan viejos que el perjuicio sea para la sociedad y para los fines del matrimonio; y se alcanza a la que vez que fácilmente cuenten todos los que se casen con los recursos indispensables para sostener las cargas del matrimonio. Otro aspecto no menos delicado de la cuestión es el que se refiere a las condiciones morales personales y de familia de las esposas de los militares; extremo importantísimo para la vida del Oficial, no sólo porque ha de compartir con su consorte honores y consideraciones, sino también porque la mujer ejerce decisiva y legítima influencia en la vida de su marido, y aunque en las investigaciones sobre asunto tan escabroso hay que proceder con gran prudencia, no puede prescindirse de hacerlas para oponerse al matrimonio con personas que desde cualquier punto de vista puedan constituir un desdoro para el Oficial interesado. Como consecuencia de lo que llevamos expuesto se impone la necesidad de Real licencia para contraer matrimonio; y de que a ésta precedan las averiguaciones convenientes y el informe de las autoridades militares, que al emitirlo tendrán en cuenta la opinión de las clases militares de igual y superior categoría que el interesado, que sirvan en la misma unidad orgánica, oficina, etc., como se indica en la adjunta Real orden. En cuanto a la forma de constituir la garantía necesaria para casarse los Capitanes, entendemos que si la garantía consiste en fincas deberá asegurarse con hipoteca, y si en valores del Estado deberán depositar estos en el establecimiento destinado al efecto, debiendo quedar libre la garantía y a disposición de su dueño cuando el Oficial ascienda a Comandante. La sanción penal que se establezca para los Oficiales que contraigan matrimonio sin la debida autorización, debe ser la separación del servicio en el caso de que el interesado no reúna las condiciones exigidas para poderse casar y el arresto de dos a seis meses si reuniendo dichas condiciones no hubiera solicitado y obtenido la correspondiente Real licencia. En uno y otro caso perderá la esposa del Oficial castigado el derecho que pudiera tener a disfrutar pensión de viudedad por fallecimiento de su citado marido; a menos que se probase, en expediente instruido por la jurisdicción de Guerra, que la mujer procedió de buena fe. En el caso de inminente peligro de muerte, que declararán dos médicos nombrados por la autoridad militar, podrá ésta autorizar el matrimonio Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 96-110. ISSN: 0482-5748


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