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mayoría cubanos)— fueron puestos bajo jurisdicción militar y sometidos a consejos de guerra sumarios acusados de «rebelión militar » o de «apoyo a la misma», sin atender a ningún tipo de consideraciones con respecto a los ciudadanos extranjeros, lo cual incumplía los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Estados Unidos en 1795. Los cubanos quedaron bajo la jurisdicción del tribunal de la comandancia general de la 1.ª División del Figura 45: El capitán del Virginius, joseph Fry, consolando y despidiéndose de algunos de los 36 tripulantes del vapor capturado, pocos minutos antes de ser fusilados en Santiago de Cuba el 3 de noviembre de 1873 Ejército, mientras que el capitán del vapor, joseph Fry, junto con 36 tripulantes, en su mayoría norteamericanos y británicos, y otros 16 expedicionarios cubanos, encabezados por el jefe de mar de la expedición, Pedro Alfaro, fueron sometidos a un consejo de guerra de la Marina constituido a bordo del transporte San Francisco de Borja, acusados de «piratería y de colaboración a la rebelión». En las horas siguientes, todos los apresados, con la excepción de cinco menores de dieciséis años, serían sentenciados a muerte. Cincuenta y tres de ellos fueron ejecutados sin demora entre los días 3 y 8 de noviembre, sin esperar a la aprobación del nuevo capitán general de la isla, joaquín jovellar, que Francisco de Ceballos y no llegaría a la isla hasta el 5 de noviembre, e incumpliendo claramente la orden explícita del Gobierno, presidido en aquellos momentos por Emilio Castelar, de que «no se ejecutase ninguna pena de muerte sin ratificación de las Cortes». Los fusilamientos suscitaron la ira de los gobiernos británico y norteamericano, los cuales enviaron a Santiago de Cuba dos buques de guerra, los sloops Niobe y USS Wyoming, que conminaron a suspender las ejecuciones so pena de bombardear la ciudad. Mientras, desde las embajadas de ambos países se presionaba al gobierno de Madrid, incluso, en el caso del ejecutivo norteamericano, con amenazas de romper relaciones y declarar la guerra. Castelar envió al nuevo capitán general de Cuba la orden terminante de suspender en el acto todas las ejecuciones pendientes y de no volver a ejecutar ninguna sentencia de muerte, no solo de ciudadanos extranjeros, sino, incluso, de insurgentes cubanos, sin autorización expresa del Gobierno y del Congreso de los Diputados. El contencioso terminaría con un acuerdo entre España y Estados Unidos, negociado personalmente entre los presidentes Castelar y AÑO 2015, SUPLEMENTO N.º 22 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL. Núm. 131 55


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