internacional El grupo de 14 militares españoles integrados como observadores en la misión de Naciones Unidas en Colombia antes de partir hacia Bogotá. Misión de las Naciones Unidas DESDE el primer resquicio que abría una puerta para poner fin al conflicto más longevo de América, las Naciones Unidas han querido estar ahí. Y lo van a seguir estando mientras sean necesario. El pasado 7 de noviembre ya se desplegaron los primeros observadores de la misión de Naciones Unidas en Colombia, aprobada por la Resolución 2261 del consejo de Seguridad del 23 de junio y cuyo mandato principal es supervisar y verificar el cese del alto el fuego y la desmovilización de la guerrilla. Todos los observadoras, civiles y militares, van desarmados y visten de civil. Al mando del diplomático francés Jean Arnault, representante del Secretario General, el número definitivo de observadores está aún por definir y, probablemente, variará según las fases de la misión (la Resolución determina que constará de tres fases que se irán sucediendo según las condiciones lo permitan y se implemente el acuerdo de paz). Ya hay desplegados cerca de 400 observadores, 14 de ellos militares españoles. Según el texto firmado, los ex guerrilleros entregarán las armas y durante su proceso de integración a la vida civil se concentrarán en Zonas Veredales Transitoria de Normalización, ZVTN (habrá un total de 26). El acuerdo también determina que el mecanismo de control y supervisión en estas zonas se hará con equipos tripartitos integrados por miembros del Gobierno colombiano, la ONU y las FARC. La misión tendrá una sede central en Bogotá y otras ocho regionales en una primera fase. Los observadores realizarán visitas periódicas a las Zonas Veredales es decir, se ha pactado que no tengan presencia permanente, sino que no habrá rondas de vigilancia. La misión incluirá también la destrucción de material bélico de la guerrilla y colaborará en las labores de desminado. La seguridad y apoyos logísticos y sanitarios serán proporcionados por el Gobierno de Colombia en coordinación con la ONU. Los equipos tripartitos vigilarán también que se realice con normalidad el proceso de restitución de tierras. A mediados de octubre, ya se habían recibido 93.686 solicitudes de restitución para baldíos usurpados por la guerrilla (el 40 por 100), los paramilitares (35 por 100) y la delincuencia común (24 por 100). Y, por supuesto, los observadores estarán ahí y formarán parte del camino que deben recorrer los guerrilleros para entender lo que implica dejar las armas. El 75 por 100 de las personas que han iniciado el proceso de reinserción son analfabetas. Ahora, hay que enseñarles a convivir y otorgarles opciones de futuro para la nueva vida que se les abre. EMAD los partidarios del «no». Todas fueron analizadas y sopesadas. En Bogotá, miles de ciudadanos de a pie comenzaron a congregarse en la Plaza Bolívar para mostrarles su apoyo. En estas semanas han creado el Campamento por la Paz donde estudiantes, profesores, amas de casa o indígenas que han marchado desde diversos puntos del país pernoctan y se manifiestan para impedir que Colombia no pueda ocupar el lugar que le corresponde como nación en paz. Desde el 2 de octubre, personas anónimas habían trazado con tiza blanca sobre el asfalto de las principales calles de la capital cada día que pasaba desde que el país quedó sumido en la incertidumbre. Ya han sido borradas. MODIFICACIONES «El nuevo Acuerdo está renovado, ajustado, precisado y aclarado. Es el momento de unirnos, no nos dividamos más», solicitó Juan Manuel Santos. El único tema que no ha cambiado es el de la participación política de las FARC: la guerrilla seguirá teniendo garantizada su presencia en las Cámaras (diez escaños como mínimo, cinco en el Senado y cinco en el Congreso que aumentarán en virtud de lo que digan las urnas), durante los dos próximos periodos electorales. Según el primer acuerdo, el partido de la guerrilla recibiría un 10 por 100 del presupuesto que el Estado dedica a la financiación de los partidos. El nuevo documento no especifica una cifra y se limita a plasmar que el «movimiento que forme la insurgencia recibirá anualmente y hasta julio de 2026 una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final». Otra de las novedades es que las FARC deberán informar sobre sus bienes y el dinero que tengan para destinarlo a la reparación de las víctimas. Respecto a la restricción de los implicados en delitos de lesa humanidad, los partidarios del «no» reclamaban cárcel porque el primer acuerdo sólo los recluía en granjas agrícolas. El nuevo texto pactado establece que la Jurisdicción Especial para la Paz (creado ad hoc y que implica tanto a guerrilleros como a militares, políticos o financiadores de los paramilitares) debe fijar espacios concretos en donde han de estar los sanciona- 52 Revista Española de Defensa Diciembre 2016
REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA 334
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