NACIONAL sus funciones. Eso les permite, por ejemplo, poder pedir la documentación a las personas que se encuentren dentro del campo. Antes no estaban facultados para hacerlo y, en más de una ocasión, cuando les preguntaban su identidad a los intrusos, sabían de sobra que nombres como Chewbacca eran falsos. Pero no podían exigirles que les mostrasen su DNI para comprobarlo, como tampoco detenerlos, algo que ahora sí pueden hacer. na, el expediente se tramita por vía administrativa, lo que puede suponer sanciones económicas. Para el brigada Luján, jefe de la sección de seguridad, contar con esta defensa legal en sus quehaceres habituales ha sido algo positivo. «Nosotros hacemos igual nuestra labor, pero ahora amparados por la legislación», explica. Una legislación que posibilita, además, que les puedan requisar las armas a los cazadores furtivos que se meten en el campo en busca de la abundante caza mayor y menor que existe dentro de sus límites, sin ser conscientes de que en su marcha pueden topar con munición no explosionada o meterse en medio de un fuego cruzado. Junto al marco legal, la seguridad del CENAD se completa con un sistema de videovigilancia, la reciente incorporación de un sistema aéreo no tripulado Tucán —que vuela siempre que es necesario—, además de los ojos de todos los usuarios de las distintas unidades del Ejército que utilizan el campo para sus ejercicios de preparación, y que informan en caso de intrusiones. Todo en favor de la seguridad y de la protección, para reducir la posibilidad de accidentes. «Proteger el campo es proteger a nuestras unidades y al personal civil», añade la teniente Hernández, que confía en que, poco a poco, la gente tome conciencia del peligro y de las consecuencias de una intrusión en el CENAD. ¢ Para actuar como Policía Militar eventualmente, han recibido una formación específica En lo que va de año, ya han denunciado a más de una veintena de personas por entrar ilegalmente en el campo de maniobras. De ellos, siete han sido derivados al Juzgado Togado Militar nº 32 de Zaragoza, ya que a los intrusos se les puede aplicar el Código Penal Militar, que castiga con penas de tres meses a cuatro años de prisión penetrar o permanecer en un centro militar vulnerando la seguridad, en caso de apreciarse delito. Además, si los civiles detenidos se resisten a las órdenes de la Policía Militar, pueden ser condenados a penas de entre tres meses y dos años de cárcel por atentado contra agente de la autoridad. Si su acción no es constitutiva de delito y conforme a la Ley de Seguridad Ciudada- 29
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