REVISTA EJÉRCITO
N.º 963 EXTRAORDINARIO JUNIO
Portada del libro de Catalina Rodríguez sobre Muley Ahmed ibn Muhammad ibn
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había funcionado razonablemente,
a pesar de sus deficiencias. Recién
iniciado el reinado de Alfonso XIII comienza
la crisis política, fundamentalmente
por la división interna en los
dos partidos sobre los que se había
basado el régimen.
Entre diciembre de 1902 y septiembre
de 1923 se suceden un total de
treinta y cuatro gobiernos con dieciséis
presidentes. En esos años serían
asesinados dos primeros ministros
que podrían haber sido claves:
Canalejas, en 1912, y Dato, en 1921.
La caída del Gobierno Allendesalazar
en agosto de 1921, cinco meses después
de su llegada al poder, es consecuencia
directa de la rendición de
Monte Arruit, pero debe verse en esa
lógica de inestabilidad. Desde entonces
y hasta septiembre de 1923, se
suceden otros tres gobiernos.
En 1909, con la dimisión de Maura
tras su gobierno largo, se produce
de facto la ruptura del compromiso
entre conservadores y liberales para
garantizar la estabilidad del régimen.
El Pacto de El Pardo quedó roto por
diferentes razones, una de las cuales
-aunque no la principal- es la llamada
a quintas tras el Barranco del Lobo.
En 1917 se produce una nueva crisis
tras un corto período de bonanza
económica durante la Gran Guerra,
que había producido fuertes desigualdades.
Las juntas de defensa, el
nacionalismo catalán y la huelga revolucionaria
acabarían con el Gobierno
de Dato. Se empieza a cuestionar
al régimen no solo desde partidos de
izquierda, sino también desde posiciones
conservadoras. La utilización
de unidades militares en tareas de
orden público acrecienta las corrientes
contra el Ejército. Desde entonces,
se producen varios intentos de
gobiernos de concentración nacional
en los que aparece la figura de Maura
como «bombero del régimen».
La revuelta de Abd el Krim se produce
en un momento de debilidad interna
-que, ese mismo año de 1921,
se manifiesta con el asesinato de
Dato- y en un ambiente social que
Abdallah al-Raisuli, más conocido como Al Raisuni
no percibía interés por la intervención
en Marruecos, que no era popular.
En el plano económico, Marruecos
suponía un importante esfuerzo.
Su presupuesto se había multiplicado
por siete entre 1913 y 1922 y
había pasado a suponer el 11 % del
total del presupuesto del Estado. La
deuda española, que en 1909 era de
treinta y cinco millones de pesetas,
había pasado a los mil cuatrocientos
en 1922. Sin embargo, es dudoso
que fuera la acción en el protectorado
la razón que lastraba la economía
nacional.
Desde un punto de vista político
estratégico, España se había
comprometido a apoyar la autoridad
del sultán de Marruecos. El control
de la zona asignada por los tratados
internacionales permitía evitar confrontaciones
entre Francia e Inglaterra
al tener España, como potencia
intermedia, el control sobre las dos
orillas del Estrecho, unas consideraciones
que se habían visto con buenos
ojos por los distintos Gobiernos,
pero que no habían concluido en formulaciones
estratégicas coherentes.
La prioridad de las operaciones militares
emprendidas en el protectorado
era el control de su zona occidental,
donde Al Raisuni era la
principal amenaza. La zona oriental