63 Miguel García Guindo Insurgencias: la competencia por los recursos... La competencia, sin embargo, cambia la relación que establecen los insurgentes con la población local, afectando particularmente a la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las distintas facciones que conforman el movimiento, mostrándose más propensas a la coacción, precisamente como consecuencia de la rivalidad existente. Bajo estas circunstancias, los distintos grupos se pueden ver forzados a modificar la lógica de las prioridades en el corto plazo, con el fin de garantizar su propia supervivencia. A las dificultades de abastecimiento, derivadas de una posible escasez de recursos, de los condicionantes que impone el entorno o de la propia situación de ilegalidad de la insurgencia, habría que sumarle ahora el agravante que se deriva de la presencia de grupos rivales o competidores. La cuestión preeminente va a ser entonces asegurar la supervivencia del grupo, circunstancia que va a condicionar el horizonte temporal de la insurgencia. Las relaciones contractuales, a las que antes nos referíamos, requieren de una inversión a largo plazo. Sin embargo, la captación o monopolización de recursos, que nos parece fundamental para el posterior afianzamiento de toda facción o grupo insurgente, requiere de la aplicación de métodos que lleven a los más eficientes -al menos a corto plazo- a llevar a cabo un uso prioritario de la fuerza. Esta competencia produce un cierto estrabismo a la hora de diferenciar entre aquellos objetivos que pudiéramos considerar intermedios, que a su vez inciden en el proceso de consolidación, con el objetivo último que persigue toda insurgencia, como es el derrocamiento de la autoridad política en el poder o el establecimiento de un orden político alternativo. Por su parte, el Estado juega un interesante y particular rol en la dinámica que se genera entre la insurgencia y la población, en tanto puede hacer las veces de rival directo del primero, ya sea a través de la puesta en marcha de acciones coercitivas o implantando reformas encaminadas a gestionar los conflictos que han dado origen a la fractura social o política. En cualquiera de los casos, el objetivo va a ser siempre el mismo: aislar a la insurgencia de la población. Cuando esto último ocurre (nos referimos al hecho de introducir cambios que supongan una amenaza a la causa que enarbola la insurgencia, y que sirve de base de ensanchamiento social del propio grupo), es probable que se adopten actitudes que cristalicen en un incremento del nivel de violencia ejercido contra la población. La autoridad en el poder pasa, de este modo, a transformarse en un competidor más por captar los recursos y la obediencia de los ciudadanos, bien concediendo distintas clases de derechos a grupos o fomentando los sentimientos de autonomía y de pertenencia de aquellas comunidades sobre las que pretende influir y/o tiene presencia la insurgencia.
REVISTA IEEE 1
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