Uno de los grupos de Autodefensas —Héroes de Guaravide— entrega sus armas durante el proceso de desmovilización en 2006. tivos. Una época en la que Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta y había territorios completos bajo el control de los cárteles de Cali y Medellín. Pero en los primeros años del 2000 los éxitos del Plan Colombia prácticamente eliminaron el control de los narcotraficantes, y en 2005 Álvaro Uribe decretó una Ley de Desmovilización para las AUC con su reinserción en la vida civil. Se disolvieron 23 grupos, pero quedaron pequeños grupúsculos (se calcula que unos 2.000 hombres armados) que no se adscribieron al proceso de desmovilización y formaron lo que hoy se conoce como Bacrim o bandas criminales. TRANSICIÓN «Liderar un país en guerra es relativamente fácil; uno muestra los trofeos y la gente aplaude. Hoy es más difícil porque hay que cambiar los sentimientos de la gente, las percepciones, enseñar que, en lugar de clamar venganza, hay que aprender a perdonar. Estamos ante una verdadera transición que requiere concesiones de todas las partes, la aceptación del pueblo y un respaldo político mayoritario» afirmó en La Habana el presidente colombiano. Los dos últimos aspectos parecen más o menos conseguidos: Juan Manuel Santos, que desde que llegó al poder en 2010 hizo de las negociaciones de paz la bandera de su mandato, fue reelegido por mayoría para el periodo 2014-2018 y, apoyado en su respaldo político, creó la denominada Mesa de Unidad Nacional para impulsar el acuerdo de paz (tiene el apoyo de casi toda la Cámara con excepción del Centro Democrático, fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe, y opositor férreo al acuerdo de paz). Fruto de este consenso, el Congreso aprobó el pasado febrero la ley de orden público que da prácticamente vía libre a Santos para negociar los puntos aún pendientes del acuerdo al permitir la creación de zonas de desmovilización y otorgar al presidente facultades para suspender las órdenes de captura sobre los guerrilleros que se mantengan en esas tierras. Según lo aprobado, las zonas de concentración serán temporales y no deberán estar en áreas urbanas, próximas a la frontera o en tierras donde haya cultivos ilícitos o minería ilegal. Los miembros de las FARC que ingresen en esas áreas acordadas deberán estar identificados, incluso dactilarmente, y harán entrega de sus armas que deberán ser inventariadas. La actual dirección de las FARC ha dejado claro que su intención no es incorporarse a ninguna formación política existente ni participar en la unión de varias, sino «mantener las siglas y crear un frente amplio». Se llamen como se llamen, lo realmente significativo es que, por primera vez en su historia, las FARC han comprendido que su futuro está en las urnas y no en las armas. Rosa Ruiz Una misión de las Naciones Unidas supervisará el desarme de la guerrilla Mayo 2016 Revista Española de Defensa 57 Alto Comisionado de la Paz/EFE
REVISTA ESPAÑOLA DEFENSA 328
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