Seguridad y Defensa REVISTA EJÉRCITO • N. 917 SEPTIEMBRE • 2017 13 prevención y disuasión más que de intervención. Esta forma de intervención directa se ha perfeccionado después de haber aprendido de los errores tras las intervenciones internacionales en Irak4 o Libia. Hoy en día, la nueva estrategia internacional a la que España se ha adherido coordinadamente con sus aliados consiste en limitar el conflicto al ámbito local, contener su acción violenta y evitar su expansión fuera de las fronteras, al tiempo que se generan las condiciones políticas, se fomentan las económicas y de seguridad, y el buen gobierno (la gobernanza) que son esenciales para generar desarrollo. Seguridad y desarrollo son las claves de esa estrategia. «Surge, muéstrate en los lugares que él (el enemigo) debe alcanzar, trasládate a donde no te espere (…), alcánzale donde no esté y no sabrá defenderse»5. La acción dentro de este escenario de gestación de crisis en países inestables consiste, en el caso español, en fortalecer las instituciones de seguridad locales proyectando para ello capacidades propias para asesorar, adiestrar y formar a las fuerzas de seguridad y de defensa, a las que además se brinda apoyo logístico y técnico (inteligencia, ciberdefensa, mando y control…) y a veces económico, relegando el uso de la fuerza propia únicamente a la autoprotección o, en su caso, a operaciones de neutralización de amenazas allí donde no haya fuerzas nacionales para combatirlas, centrándose estas misiones de asesoramiento y entrenamiento a operaciones en los escenarios más demandantes de Oriente Próximo y África, en particular en la zona del Sahel. En el escenario interior, la seguridad nacional en España concibe la defensa como un servicio público, objeto de una Política de Estado, y como tal carente de inclinación ideológica, pues es responsabilidad del Gobierno de la nación, que marca directrices de actuación para coordinar actores, órganos o sectores y asigna recursos personales, materiales y sobre todo financieros en un plan de financiación sostenible, y exige para ello la leal actuación de todas las administraciones del Estado y la colaboración de la sociedad civil. El Gobierno, por consiguiente, es el encargado de poner en marcha las líneas de actuación estratégicas que aseguren una respuesta eficaz ante la amenaza, asentándose esta en destinar el uso de las capacidades del Estado, empeñandolas primordialmente en las tareas de detección, prevención, protección ante la amenaza y preparación de la respuesta que corresponda. Pese a que el Estado puede contar con todas las capacidades necesarias para la defensa, en la gestión de una crisis dentro del territorio nacional, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los máximos responsables de garantizar la seguridad, ya sea por la idiosincrasia y preparación de su personal, por sus instalaciones y medios, por su papel diario en la detección, prevención, neutralización o eliminación de amenazas o por su cualificación específica para dar una rápida respuesta a una crisis interna. En cuanto a las crisis o conflictos en el exterior, si bien es cierto que el despliegue de las Fuerzas Armadas con apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es global, actualmente en los cinco continentes, en torno a 20 misiones y con más de 3.000 militares desplegados de forma permanente, no podemos ser ajenos a la evidencia de un problema de matemática básica, y es que se hace imposible la defensa total de todos los intereses nacionales, estructuras críticas y ciudadanos españoles al mismo tiempo, en todo el mundo, dentro y fuera de España y durante todo Simulacro de alarma terrorista
EJERCITO DE TIERRA ESPAÑOL 917 SET 2017
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