ENRIQUE GARCÍA-TORRALBA PÉREZ EN 1599, las Cortes de Barcelona solicitaron del rey Felipe III, al poco de su subida al trono, la constitución de una escuadra catalana de diez galeras para la defensa de las costas del Principado, que sufrían, como todas las del Mediterráneo occidental, los ataques de la piratería norteafricana. La petición, lejos de ser nueva, reiteraba las solicitudes formuladas en Cortes anteriores y desechadas por la Corona a tenor de «la antigua prevención de D. Fernando el Católico por el ejercicio del corso contra el corso que acabó con la gloriosa marina catalana». No obstante, en esta ocasión se accedió parcialmente a lo pedido, si bien reduciendo las diez galeras solicitadas a ocho y comenzando con cuatro «por vía de ensayo» (1). La respuesta afirmativa del rey estaba fundada en la esperanza de que cundiera el ejemplo y los distintos reinos peninsulares contribuyeran a la defensa de estos, como ya hacían otros dominios extrapeninsulares de la Monarquía, como Sicilia o Nápoles, aliviando con ello la enorme carga financiera de la Corona. A este respecto, es de recordar que, en 1574, tras Lepanto, España todavía mantenía 146 galeras (46 en la Escuadra de España, 54 en la de Nápoles y 22 en la de Sicilia, a las que se agregaban las 24 de Génova, a sueldo del rey), y que en 1598 aún disponía de 73. El coste de estas enormes flotas ―que se añadía al de las escuadras atlánticas― resultaba abrumador; solo en 1620, con un número todavía más reducido de unidades, el coste de las galeras de la Escuadra de España fue de 648.000 ducados (2). En estas condiciones, las cuatro galeras catalanas, a pesar de lo reducido de su número, representaban un alivio y, sobre todo, como hemos dicho, la esperanza de que cundiera el ejemplo. A la necesidad financiera expresada se añadía el hecho de que la aportación de Cataluña a los gastos de la Monarquía era ínfima. Ciertamente, la población del Principado era apenas el 3,87 por 100 de la de la España peninsular (3) pero, aun así, su aportación económica a los gastos generales estaba incluso por debajo de ese exiguo porcentaje. En efecto, si consideramos que los ingresos totales de 1599, de fuentes seculares (4), alcanzaban los 7.242.509 ducados anuales (5), a Cataluña, con el 3,87 por 100 de la población peninsular, le habría correspondido aportar 280.285 ducados y, sin embargo, aportaba menos de 50.000 ―36.000 de ingresos patrimoniales y 8.900, de promedio, de servicios votados en Cortes― (6), es decir 5,5 veces menos. y, aunque Cataluña estaba empobrecida, aportaba a la Generalitat generosas cantidades. Por ejemplo, como indica Elliott, las rentas patrimonia- (1) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada española, t. III, 1972, p. 206. (2) THOMPSON, I.A.A.: «Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo xVI», en Manuscrito, núm. 24, 2006, pp. 95-124. (3) VICENS VIVES, J.: Historia económica de España, 19597, pp. 166 y 302. (4) Incluido el servicio de «Millones», pero excluidas las rentas eclesiásticas, de las que carecemos de datos coetáneos comparables. (5) ARTOLA, Miguel: La Hacienda del Antiguo Régimen. Alianza Universidad Textos, 1982, pp. 117 y 482. (6) ELLIOTT, J.H.: La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640). Siglo xxI de España, 1977, pp. 90 y 176. 32 REVISTA DE HISTORIA NAVAL Núm. 140
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