A N Á L I S I S contribuyen al desarrollo en el Sahel, entre los que se encuentran la Unión Europea y España. Se trata, por tanto, de un foro informal cuyo principal valor añadido es, por un lado, el impulso político que da a las actuaciones de los miembros en el Sahel y, por otro lado, la posibilidad de coordinarse para que se aprueben de manera urgente proyectos de desarrollo que tengan un impacto inmediato en pro del bienestar de las poblaciones. SEGURIDAD En lo que se refiere a la prioridad de reforzar la seguridad de los países del G5 Sahel, es preciso destacar el papel crucial que desempeñan las misiones de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en la región –—dos de carácter civil y una militar–, actualmente en proceso de regionalización para adaptarse a la nueva realidad del G5 Sahel. La primera en crearse fue EUCAP Sahel Níger en 2012 con el doble objetivo de, por una parte, dar asesoramiento y, por otra, reforzar las capacidades nigerinas en materia de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista y crimen organizado. Con la apertura de una antena de EUCAP en Agadez, las cuestiones de migración se han convertido igualmente en uno de los objetivos de la misión. En 2015 se estableció EUCAP Sahel Malí para apoyar a las fuerzas de seguridad de ese país en su salvaguarda del orden constitucional y democrático, de tal manera que se sienten las bases para una paz duradera y se extienda la autoridad del Estado en todo el territorio. Y junto a estas misiones civiles, desde 2013, la misión militar EUTM Malí proporciona adiestramiento, formación y asesoramiento a las Fuerzas Armadas malienses para contribuir a que se hagan autónomas y capaces de defender a su población y su territorio. España es el principal contribuyete a esta misión, aportando, entre otros elementos, el grueso de la protección de la fuerza, basado en el campo de adiestramiento de Koulikoro. Además, España ha ostentado el mando de esta misión ya en dos ocasiones, la última hasta noviembre de este año, de la mano del general Enrique Millán Martínez. A lo largo de 2018 se ha prorrogado por dos años más el mandato de las tres misiones PCSD. En esta nueva etapa, cobra importancia la regionalización de dichas misiones. Con el ánimo de producir resultados duraderos, y con el principio de apropiación en mente —cada país del G5 debe desarrollar sus propias capacidades para luchar contra los desafíos a su seguridad— la UE está realizando esfuerzos para dotar al G5 Sahel de una estructura que le permita hacer frente a las principales amenazas a la estabilidad en la región. El 7 de febrero de 2017 los jefes de Estado reunidos en la tercera Cumbre del G5 Sahel decidieron crear formalmente la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. Dotada de 5.000 efectivos, tiene por mandato luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos y estupefacientes; contribuir al restablecimiento de la autoridad del Estado y al retorno de refugiados y personas desplazadas; facilitar la entrega de ayuda humanitaria y contribuir a la puesta en marcha de actuaciones que favorezcan el desarrollo. La Fuerza Conjunta puede actuar en tres zonas que cubren las regiones transfronterizas entre Mauritania y Malí; Malí, Burkina Faso y Níger y, finalmente, Níger y Chad. En estas zonas, las Fuerzas Armadas de cada país operarían en su territorio nacional, pero coordinando sus operaciones con las Fuerzas del país vecino y con un droit de poursuite de 50 km a cada lado de la frontera. El despliegue de la Fuerza Conjunta es un claro ejemplo de éxito del liderazgo regional y la apropiación de estrategias por los países concernidos. Además, constituye el primer ejemplo concreto de cooperación en el G5 Sahel. No obstante, a mi modo de ver, se enfrenta actualmente a tres retos principales. En primer lugar, su plena operatividad. Aunque la Fuerza Conjunta se diseñara para actuar utilizando los medios propios de los ejércitos nacionales, se observó que difícilmente podrían alcanzarse los objetivos propuestos en el mandato sin un apoyo exterior. En este sentido, la UE respondió a la demanda del G5 Sahel, anunciando la dotación de 100 millones de euros para la operatividad de dicha Fuerza Conjunta. Actualmente se está procediendo a la entrega de equipamiento y material técnico a los cinco países del G5, habiéndose hecho ya efectiva en Mauritania y Burkina Faso en octubre de 2018. Por otro lado, la operatividad de la Fuerza Conjunta se ha visto afectada por el ataque a finales del pasado mes de junio contra el Cuartel General de la Fuerza Conjunta en Sevaré. A pesar de ello, y con financiación y apoyo de la UE, se llevará a cabo la reconstrucción de dicho Cuartel en un nuevo emplazamiento. El segundo reto es el mantenimiento y permanencia de la Fuerza Conjunta a lo largo del tiempo, así como su funcionamiento de manera autónoma, ya que, a largo plazo, el apoyo financiero por parte de los socios principales del G5, como la UE, debe sustituirse por medios propios. En esta línea se enmarca el llamamiento a los países del G5 para que incrementen sus esfuerzos. En tercer y último lugar, el gran reto interno al que se enfrenta la Fuerza Conjunta es la plena aceptación y apoyo por parte del conjunto de la población de los cinco países. Es fundamental que sus gentes no perciban a esta Fuerza como invasora y que sean capaces de colaborar con ella. En esta línea, varios informes apuntan a supuestas violaciones de derechos humanos por las Fuerzas de Seguridad. Por ello se hace tan necesario dotar a la Fuerza Conjunta 54 Revista Española de Defensa Diciembre 2018
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