José Luis Martín Delpón medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base de dicho precepto y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 de la CE. No cabe duda que esta despliega sus efectos también en el procedimiento sancionador4. Por ello, dicha garantía queda desvirtuada cuando exista prueba de cargo válidamente obtenida, regularmente practicada y razona-blemente del mismo artículo 24 de la CE con la proscripción de cualquier tipo de indefensión. la información previa no puede aplicarse como un punto ciego en el pro-cedimiento a la imputación al encartado que, en puridad, deberían ejecutarse en el seno de un procedimiento, insisto, garantía formal procedimental para el encartado. el procedimiento administrativo común y sancionador. Por ello, tanto el acto por el que se acuerda abrir este periodo de información previa como, en su caso, el de iniciación del expediente administrativo son actos dis-crecionales en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). y la incoación de una información previa, comenzaré haciendo un desglose de cómo viene regulada esta en el ordenamiento en vigor. hasta la de 10 de diciembre de 2007. En el caso de la Sala 5.ª del TS, en lo que afecta al régimen disciplinario tanto de las FAS como de la Guardia Civil, la aplicación de las garantías constitucionales al procedimiento sancionador se ha tratado, entre otras en sen-tencias y 27 de mayo, 21 de septiembre y 18 de diciembre de 2009, 13 de septiembre de 2010 y 9 de mayo de 2011 o 24 de febrero de 2015. 202 Entre estas garantías destaca el derecho a la presunción de inocencia. apreciada. En íntima conexión se coloca el derecho de defensa Pues bien, en estas líneas analizaré la relación que existe entre la infor-mación previa o reservada y las garantías del artículo 24 del texto constitu-cional, puesto que, adelantando alguna de las conclusiones de este trabajo, sancionador donde se puedan llevar a cabo pruebas dirigidas Los motivos por los que puede iniciarse una información de esta natu-raleza varían a lo largo de las normas, generales o sectoriales, que regulan que han de contar con una sucinta relación de hechos y fun-damentos de derecho por exigencia del deber de motivación expresado Para abordar el eventual conflicto entre las garantías del procedimiento 4 Entre las STC se puede reseñar un arco que va desde la STC de 8 de julio de 1981 de 6 de febrero, 17 de julio y 18 de diciembre de 2008, 22 de enero, 23 de marzo, 8 Revista Española de Derecho Militar. Núms. 109 y 110, enero-diciembre 2018
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