181 Carlos Barrachina Lisón El camino mexicano en la transformación del... http://revista.ieee.es/index.php/ieee CONCLUSIONES El camino de reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha convertido en una prioridad de los dos últimos gobiernos en México, presididos por Felipe Cal-derón Hinojosa (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2013-2018). La evidencia de lo señalado es la gran inversión de recursos que se ha destinado en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia. Esta locación de recursos ha ido incrementándose de forma muy importante año tras año en los ejercicios fiscales que se analizan en este trabajo. El incremento continuo en el gasto en entidades federativas, así como los fondos y subsidios que se han destinado a estados y municipios, indica también que esta transformación no solo ha sido prioridad del gobierno federal, independientemente si gobernó el PAN, el PRI; sino de buena parte de los estados mexicanos sin importar el color político de sus gobiernos. La reforma fue diseñada y planificada por un equipo de profesionales de la seguri-dad que se encontraba en el entorno de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, el contexto de violencia en el que se sumergió el país, complicó de forma seria el proceso de conso-lidación de las instituciones públicas de seguridad, incrementando la presencia de los militares en la calle, y agravándose, hasta la fecha en la que se escriben estas conclusio-nes, la violencia, y la percepción de inseguridad de los mexicanos. A pesar de este interés compartido por transformar el Sistema Nacional de Segu-ridad Pública y que se refleja en los presupuestos, los acuerdos políticos no han sido sencillos y los resultados cuestionables. El ejecutivo federal y los estatales han contado con el apoyo de los legisladores a la hora de aprobar los presupuestos y buena parte de las reformas. Paradójicamente, se han encontrado con la oposición de estos y de los presidentes municipales para concluir con un modelo que defina la estructura institu-cional de las corporaciones locales de seguridad. Esta aparente contradicción entre el ejercicio de los recursos y el poder se explica porque los alcaldes quieren seguir gestionando y controlando las corporaciones de seguridad de sus municipios y los legisladores les apoyan en esta encomienda. El debate sobre el «mando único» policial en los estados presenta complejidad. Por una parte, México ha identificado la debilidad de los municipios para enfrentar tanto al crimen organizado, como a los poderes fácticos. Por otra, aparentemente los recur-sos invertidos no han generado resultados óptimos. Siguen sin consolidarse estructuras policiales estatales confiables. Los críticos al «mando único» señalan además que es más fácil corromper a una persona, refiriéndose a la figura del gobernador, que a varios presidentes municipales. Así, la trampa de la seguridad en México, como señala Bailey, sigue pasando factura a la necesaria consolidación de corporaciones policiales estruc-turadas y confiables y todo indica que va a mantener la inercia que el autor apunta.
REVISTA IEEE 8
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