143 la actual. Mientras esta propuesta no fuera aceptada, una solución intermedia podría ser ampliar el número de miembros no permanentes por plazo de dos años. Si se lograra alcanzar esta nueva composición del Consejo acorde a una adecuada representación regional, la reelección de los miembros de cada grupo y sus sistemas de rotación podrían delegarse en la capacidad autónoma de cada grupo. Como mínimo, la nueva Secretaría General debería plantearse que el Consejo de Seguridad aceptara establecer un comité consultivo permanente en el que se incluyera un buen número de miembros influyentes, como transición hacia una nueva y mejor composición del mismo. Una reforma de mayor calado, sin duda, sería abordar la abolición del derecho de veto. Siendo este un ideal, no parece muy realista pensar en una concesión de este tipo por parte de las potencias que actualmente están capacitadas para ejercerlo. Por tanto, una aproximación más pragmática recomendaría abordar este tema teniendo como objetivo limitar de forma más precisa y estricta el derecho a su uso. Baste como ejemplo la necesidad de impedir el veto de resoluciones que vayan dirigidas a detener crímenes contra la humanidad. De igual manera, los miembros con derecho a veto podrían comprometerse a no utilizar el veto simplemente para su propio interés nacional sino quedar obligados a abstenerse cuando se constate su participación en una controversia objeto de discusión. Pero la legitimidad de un órgano como el Consejo no depende únicamente de su composición o de la regulación del derecho de veto, sino que también, y como un signo de nuestros tiempos, depende de la transparencia en la toma de decisiones, de su bie3 >KEh͘EƵĞǀŽ^'͕ǀŝĞũŽƐƌĞƚŽƐ &ƌĂŶĐŝƐĐŽDĄƌƋƵĞnjĚĞůĂZƵďŝĂ ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ ϬϱͬϮϬϭϳ ϭϬ
BOLETIN IEEE 5
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