Al Shabaab cuenta con unos 5.000 yihadistas en sus filas y sus atentados son casi diarios en la capital somalí abogaban por el diálogo con los líderes islámicos, siempre que estos depusiesen la lucha armada y se uniesen al proceso político. Además, y como consecuencia más dañina para la estabilidad y la seguridad nacional y regional, se produjo la irrupción del terrorismo yihadista liderado por Al Shabaab que ya era, desde 2004, el brazo armado del ala más extrema y wahabista de los islamistas somalíes. En 2012, la promulgación de una Constitución Provisional —bajo los principios y preceptos de la sharia (artículo 2)— puso fin al periodo transitorio y dio paso al primer Gobierno Federal de Somalia. Además, consagró una «república federal, soberana y democrática fundada sobra una representación inclusiva y un sistema multipartidista». Somalia daba un paso decisivo para avanzar hacia la estabilidad política y social que, por el momento, sigue siendo una utopía en la mayoría de su territorio soberano. En este camino, en febrero de 2017, el final del proceso electoral Combatientes de Al Shabaab durante un enfrentamiento con fuerzas somalíes en las proximidades de la capital, Mogadiscio. indirecto celebrado en el Parlamento —donde hoy se sientan los clanes somalíes, antiguos «señores de la guerra» y también islamistas de la Alianza para la Re-liberación de Somalia, rescoldo de los extintos tribunales islámicos— marcó un nuevo hito del presente somalí. Contra todo pronóstico, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo se convirtió en el nuevo presidente federal con el propósito de salvar los obstáculos para reunificar y pacificar el país, celebrar las primeras elecciones con sufragio universal en 2020, acabar con la omnipresente corrupción y la bancarrota nacional, y aliviar la emergencia humanitaria que sufren más de cuatro millones de somalíes. No obstante, tan solo dos años después, su libertad de acción y su capacidad de liderazgo están en entredicho, socavadas por la lucha entre los clanes rivales y las disputas regionales, por la yihad violenta de Al Shabaab, y, también, por los intereses encontrados de actores externos, que han convertido Somalia en su campo de batalla estratégico. Sin duda, el ordenamiento territorial y la distribución del poder son trascendentales en la agenda política, económica y social de Somalia; y la falta de consenso en este ámbito puede dinamitar, con consecuencias impredecibles, el embrionario proyecto estatal. En 2016, el Parlamento dio carta de naturaleza a cinco Estados Miembros Federales: Jubaland, South West, Hirshabelle, Galmudug y, por último, Puntland, que —sin renunciar a su autoproclamada autonomía— se unía finalmente al propósito federal. Fuera de esta alianza nacional quedó Somalilandia, que solo acepta dialogar con Mogadiscio los términos de su secesión. A pesar del acuerdo, la tensión, que ha sido un parámetro constante en las relaciones entre centro y periferia, estalló definitivamente en septiembre de 2018. Entonces, los Estados Federales decidieron suspender la colaboración con Farmaajo, a quien acusaban de incumplir todas sus promesas, incluida la lucha contra Al Shabaab y el proceso de reforma constitucional. Para revertir la situación, el presidente se ha comprometido a establecer una cooperación más leal y constructiva con los líderes regionales que, por el momento, parece haber aplacado las muchas voces que pedían su destitución. Por otro lado, Farmaajo también debe recuperar la confianza de Naciones Unidas, deteriorada por la expulsión el pasado diciembre de su Representante Especial en Somalia, Nicholas Haysom. Como trasfondo de la crisis, está la detención del fundador de Al Shabaab, Mukhtar Robow, quien, tras desertar de las filas yihadistas y reconocer la autoridad federal en 2017, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del estado de South West. Ante el temor de que ganase la contienda, Mogadiscio le acusó de estar formando una milicia armada; su arresto provocó una fuerte reacción social brutalmente reprimida —quince víctimas mortales y cientos de detenidos— por fuerzas de seguridad Badri Media/EFE somalíes y soldados etíopes. Tras su expulsión del país por cuestionar la legalidad del arresto y denunciar la brutal represión, Haysom reiteró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el gobierno central debía frenar la interferencia en los procesos electorales regionales, y también advirtió de que «la detención de Robow podría tener repercusión en futuras deserciones desde Al Shabaab para cambiar la violencia por el camino político». Una política de reinserción que el Gobierno siempre ha promovido, y que debe convertirse en factor clave para erradicar el yihadismo en Somalia. Más allá de Naciones Unidas, las relaciones externas de Somalia 50 Revista Española de Defensa Marzo 2019
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