niños convertidos en soldados, raptados o víctimas de abusos sexuales. Los peores lugares del mundo para estudiar son Siria, Yemen, Egipto, Nigeria y República Democrática del Congo. Les siguen de cerca Afganistán (que ha perdido en los últimos años 2.000 centros educativos); Malí, país en el que 28.580 menores no pueden ejercer su derecho a la educación, y Ucrania, que ha visto cómo los ataques a las escuelas se han multiplicado por cuatro en 2019. Especial relevancia merece el caso de Nigeria, un lugar en el que la milicia yihadista Boko Haram ha secuestrado, violado y matado a cientos de niñas por el mero hecho de ir al colegio y han conseguido imponer su terror hasta erradicar los centros educativos de niñas en el norte del país. En Mosul, el 90 por 100 de los estudiantes tuvieron que dejar las escuelas durante la ocupación del Daesh. Además, en ese mismo periodo, fuerzas y grupos armados utilizaron los edificios docentes con fines militares como base, acuartelamiento, posición de tiro, arsenal o centro de detención en al menos 29 países. Situación que, además de poner en riesgo vital a los niños, convierte al colegio en sinónimo de miedo y lleva a muchos padres a evitar la escolarización cuando hay riesgo de violencia. Ese temor se incrementa considerablemente en muchos países en el caso de las niñas. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su informe de 2017 sobre Mujer, Paz y Seguridad, afirmó que la probabildiad de que una niña que vive en un país de conflicto no esté escolarizada es 2,5 veces mayor que en cualquier otro lugar. En la Conferencia de Palma se ha intentado poner cara y nombre no solo a los políticos y responsables de las ONG sino también a estos niños y sus profesores, escucharlos y permitir que su voz se alce y produzca, al menos, un estremecimiento entre quienes pueden actuar para evitarlo. Muzoon Almelleh es una adolescente que cuando huyó de Siria dejando toda su vida atrás tan solo quiso llevar consigo su mochila de estudiante y sus libros porque tenía claro cuál era la única manera para seguir viviendo: «No quería dejar de aprender». Rosa Ruiz Un profesor intenta impartir clases en las ruinas de lo que fue un colegio destruido en la Cachemira pakistaní, cerca de la frontera con la India. Declaración sobre Escuelas Seguras Los países se comprometen a cumplir unas Directrices que tratan de prevenir los ataques y defender el derecho a la educación LA Declaración sobre Escuelas Seguras no forma parte todavía del derecho internacional consolidado, pero sí representa un claro compromiso político para proteger a los niños y sus profesores. Y, además, sienta las bases para el desarrollo de futuras normativas. Fue elaborada mediante un proceso consultivo encabezado por Noruega y Argentina junto con la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataquess (GCPEA), organismo creado en 2010 por las más importantes organizaciones dedicadas a la infancia y la educación en situaciones de emergencia y en contextos de conflicto. Desde el primer momento se tuvo claro que había que hacer un llamamiento a toda la comunidad internacional y, especialmente, implicar a los países que padecen estas situaciones y terminar con la impunidad para los responsables. Con este propósito, Noruega organizó en mayo de 2015 la I Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras y se invitó a todos los Estados a endosar la Declaración (la segunda se celebró en Argentina en 2017). Al mismo tiempo se redactaron unas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante los Conflictos Armados, que los Estados asumen al endosar la Declaración y que incluyen desde la recogida de datos sobre ataques o la atención y reparación a las víctimas, hasta el asegurar la continudad de la educación en zonas de guerra y el diseño de programas educativos sensibles al conflicto. Se decidió celebrar encuentros periódicos —como las Conferencias— para que los Estados compartan experiencias y lecciones aprendidas al tiempo que abordan la implementación de medidas concretas. Además de los 90 países que ya las han aceptado y ha recibido el apoyo de las más altas instancias de la ONU y son parte incuestionable de la Agenda 2030. El desarrollo de las Directrices se facilita en resoluciones como la 1998 (de 2011) que consideró que se pueda llevar a los responsables de ataques contra centros educativos ante la justicia; y las 2143 (de 2014) y 2427 (2018) en las que se piden medidas concretas para proteger a la educación frente a los ataques y allana el camino para la Declaración de Escuelas Seguras. El gobierno español se sumó desde el principio (mayo de 2015) a la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus Directrices y es uno de sus principales valedores. Al mismo tiempo, ha impulsado avances en este campo en las distintas agendas de protección de civiles —Agenda Mujer, Paz y Seguridad y la Agenda de Niños y Conflictos Armados— y promovido resoluciones en el Consejo y la Asamblea de la ONU tan emblemáticas como la 2242 (de 2015), la 2286 (2016) y la 2331, también de 2016. Junio 2019 Revista Española de Defensa 55 Hélène Gicquel
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