232 ENRIQUE GUDÍN DE LA LAMA Había una comisión por cada arma del Ejército, con un represen-tante en el Ministerio de la Guerra que tenía como tarea principal exigir que se respetase la escala cerrada. Lógicamente, ese planteamiento no era compartido por buena parte de los militares de Marruecos. Entre otras cosas porque suprimía una de las más elementales motivaciones para el combate: la posibilidad de ascender. Las diversas circunstancias generadas por el desastre propiciaron que saliesen a la luz las rencillas que hasta entonces habían permaneci-do latentes. En los primeros momentos, por ejemplo, y con la sociedad española todavía aturdida por el Desastre de Annual, algunos generales –Burgue-te, Luque, Weyler– no tuvieron inconveniente en criticar abiertamente desde la prensa los planteamientos con que se habían llevado a cabo las operaciones militares. El ministro de la Guerra tuvo que prohibir a los militares todo comentario público y crítica de las operaciones. Burguete volvió a hacerse notar poco después al protestar por el nombramiento de Cavalcanti como comandante general de Melilla, más moderno que él en el empleo. La campaña de reconquista resultó también ser fuente de enfrenta-mientos. El convoy a Tizza del 29 de septiembre de 1921 y la ocupación de Zeluán dos semanas después, se volvieron contra sus protagonistas: Cavalcanti y Cabanellas acabaron pagando las decisiones y manifestacio-nes contrarias a las comisiones informativas que hicieron aquellos días. Cuando el ministro de la Guerra hizo un proyecto de recompensas para jefes y oficiales que habían intervenido en la campaña de recon-quista, las comisiones lo frenaron exigiendo que no hubiese recompen-sas hasta que no se averiguasen y depurasen las responsabilidades lle-gando hasta las más altas jerarquías. Mientras se esperaba el dictamen del fiscal al informe Picasso, en mayo de 1922, estallaba una nueva polémica. El coronel Riquelme escri-bía un artículo2 defendiendo que en su momento hubo posibilidades de haber socorrido Monte Arruit y que él había presentado un plan para conseguirlo. Inmediatamente replicaron Sanjurjo y Berenguer negando la veracidad de esas declaraciones. Las acusaciones fueron subiendo de tono y hubo de nombrarse un tribunal de honor para dilucidar el caso. A comienzos de julio, el fiscal militar remitió al Consejo Supremo de Guerra y Marina su informe sobre el expediente Picasso. A la vista de 2 El Sol, 6 de mayo de 1922.
REVISTA DE HISTORIA MILITAR 112
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