Boletín de Información, número 324 Un elemento muy importante lo constituye la Orden Ejecutiva 13224, firmada por el presidente Bush el 24 de septiembre de 2001, que ins-taba al secretario de Hacienda, y en algunas circunstancias al secre-tario de Estado, a que designen a los terroristas, sus financiadores y facilitadores. Estas designaciones aíslan financieramente a entidades al bloquear o congelar sus intereses y activos en Estados Unidos, y evita que utilicen el sistema financiero de bancos de compensación del área del dólar. De igual importancia es el establecimiento de un proceso interagencial coordinado y dirigido por el Consejo de Seguridad Nacional. El mismo incluye los Departamentos de Estado, Hacienda, Justicia, Seguridad Interna y Defensa, así como también los servicios de inteligencia y las agencias de aplicación de la Ley. El Congreso de Estados Unidos respondió a los trágicos eventos del 11-S aprobando la Patriot Act. La mayoría de las provisiones, sin embargo, fra-casaron en cuanto a ocuparse de ese crimen en particular. La información que las agencias de ejecución de la Ley proporcionaron tras el 11-S hace evidente que, en su mayor parte, el tipo de transacciones financieras que utilizaron los secuestradores de los aviones no es detectado adecuada-mente por la Patriot Act. El hecho es que las instituciones financieras estadounidenses, sin datos de inteligencia gubernamentales adicionales, no pueden detectar ni impedir transacciones relacionadas con el finan-ciamiento — 20 — del terrorismo. La financiación del terrorismo parece ser más descentralizada que antes. El dinero proveniente de organizaciones benéficas, sistemas alternativos nismos internacionales y organizaciones regionales: como el Fondo Monetario Inter-nacional, el Banco Mundial, el Grupo de los Siete (G-7), el Grupo de los Ocho (G-8), el Grupo de los Veinte (G-20) y el Foro de Cooperación Económica del Asia y el Pacífico (APEC) también han desempeñado un papel clave en promover la voluntad política y abordar las deficiencias en los sistemas nacionales a fin de combatir el terrorismo. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que ahora suman casi 100 países en todo el mundo, concentró su intercambio de información financiera en la financiación terrorista. Arabia Saudí: a mediados del año 2004 todas las instituciones benéficas extranjeras con sede en Arabia Saudí se pusieron bajo una organización general coordinadora controlada por el Gobierno. Esta medida cerró en efecto las filiales extranjeras de la Fundación Al-Haramain, una importante organización bené-fica internacional, algunas de cuyas sucursales habían provisto apoyo a Al Qaeda. La decisión permitió también al Gobierno saudí controlar las transacciones entre las organizaciones benéficas saudíes y sus afiliadas en el extranjero.
BOLETIN INFORMACION CESEDEN 324
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