234 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Núm. 0 / 2012 cho de que las conclusiones a las que llega, en algún supuesto, se basan en simples pistas y no en evidencias reales. En cualquier caso, conviene tener presente que esta comisión, formalmente, no es jurídicamente transnacional, ni sus informes son vinculantes. Los comisionados, por tanto, han tenido poderes limitados para acceder a informaciones clave y para obligar a declarar a todas las partes implicadas. En última instancia, como ponen de manifiesto Ben-Josef Hirsh, MacKenzie y Mohamed Sesay, debe indicarse que las comisiones de la verdad y reconciliación, producto de una norma internacional y elemento esencial de reconciliación nacional, democratización y desarrollo poscon-flicto, no acatan las normas relativas a la recogida de pruebas criminales, que permiten una perspectiva más amplia sobre el carácter y las causas de la violencia. Las audiencias de las comisiones, así como el informe final que emiten, si es público, sirven como una especie de reconocimiento oficial del sufrimiento y las pérdidas de las víctimas, pensado para tener un efecto terapéutico sobre estas y sobre la sociedad misma15. En particular, en el texto elaborado por la TRCT se acusa tanto a las Fuerzas de Segu-ridad, por su deficiente gestión y manejo de los disturbios, como a los responsables del movimiento rojo, por favorecer la escalada de la violencia. Asimismo, se critica el golpe de Estado de 2006, por considerar que contribuyó a agravar los problemas políticos del país. A su vez, el informe presenta 13 recomendaciones dirigidas a lograr la reconciliación nacional a largo plazo, entre las que se incluyen la reforma del ejército y el manteni-miento de su neutralidad en relación a los asuntos políticos; la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial; la aplicación de los principios de justicia reparadora o transicional; la propuesta de revisar el artículo 112 del Código Penal, para proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión; la reforma de los delitos de lesa ma-jestad; la resolución del problema de la desigualdad económica y social existente en la sociedad tailandesa; y, finalmente, el establecimiento de canales permanentes y fluidos de comunicación entre el poder político y los ciudadanos. El reto para el gobierno de Yingluck Shinawatra es, precisamente, implementar las recomendaciones de la comisión, en aras a lograr una verdadera reconciliación nacional en una Tailandia a aún dividida. Como apunta Colleen Murphy, los pro-cesos de reconciliación política son complejos y controvertidos; porque la moralidad de perseguir la reconciliación permanece poco clara, yporque existe un significativo desacuerdo sobre los procesos más efectivos para promover una reconciliación políti-ca. Así pues, no se puede lograr únicamente mediante la acción de las élites políticas, sino que depende de la cooperación y la implicación de los ciudadanos16. Y este es un desafío al que también se enfrenta el pueblo tailandés. 15 � Ben-Joseph Hirsh, Michael; MacKenzie, Megan; and Mohamed Sesay, “Measuring the Impacts of Truth and Reconciliation Commissions: Placing the Global “Success” of TRCs in Local Perspec-tive”, Cooperation and Conflict, volumen 47, issue 3, September 2012, pp. 386-403. 16 � Colleen Murphy, A Moral Theory of Political Reconciliation, Cambridge University Press, 2010. En relación a la escasa comprensión de los efectos y consecuencias a largo plazo de las TRCs y a la inexistencia de mecanismos para medir los impactos de estas comisiones, vid, Ben-Joseph Hirsh, Mi-chael; MacKenzie, Megan; and Mohamed Sesay, “Measuring the Impacts…op. cit.
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