«Drones» y derecho operacional en un mundo asimétrico 57 del Protocolo Adicional I de 1977 y es así como ya quedó expuesto con ocasión de examinar el principio de proporcionalidad. Lo relevante será saber si los datos de los que disponía quien decidió el ataque eran suficientes o si existieron precauciones adicionales que no fueron tomadas y que, de haber sido tomadas, le hubieran permitido saber si se trataba de un objetivo legítimo, si el ataque era proporcionado en relación a la ventaja militar y si fue llevado a cabo minimizando el posible daño colateral e incidental. Por ejemplo, si el dro-ne funcionaba correctamente entonces la responsabilidad se desplaza del fabri-cante al operador, salvo que existan otras causas concurrentes como la posible existencia de medidas de guerra electrónica o ciberataques que interfirieron en los sistemas informáticos. Dicho esto, si existió sin embargo un defecto en el sistema y eso fue lo que llevó a efectuar el ataque, entonces la responsabili-dad sería del fabricante. También habría que tener en consideración el posible empleo por parte del adversario de tácticas de perfidia, «escudos humanos» o cualquier otra actividad que interfiriera en el ataque. No parece razonable res-ponsabilizar al operador por errores imputables al sistema en sí, a la acción del adversario o a cualquier otro evento que escapa a su voluntad. Ahora bien, si el operador actuó con negligencia por no haber adoptado todas las precauciones posibles sea por descuido o sea por una creencia errónea y acaba cometiendo un ilícito penal: ¿es responsable de un crimen de guerra? Diríamos que no porque no adoptar todas las precauciones posibles antes o durante un ataque no constituye de por sí un crimen de guerra. El Estatuto de la Corte Penal Interna-cional, por ejemplo, exige siempre el elemento intencional en la formulación de los crímenes de guerra consistentes en ataques contra la población civil en cuanto tal o contra las personas civiles que no participen directamente en las hostilidades139, ataques contra los bienes civiles140, ataques contra el personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas141 o ataques desproporcionados142. La intencio-nalidad presente en todas estas conductas excluye, desde luego, aquellas otras conductas llevadas a cabo con negligencia o por imprudencia. Por lo que se refiere a la responsabilidad de los comandantes, esta se configura del mismo modo que si se tratase de una operación con medios convencionales. Todo co-mandante o jefe militar es responsable penalmente por los crímenes cometidos por las fuerzas que se encuentren bajo su mando y control o bajo su autoridad y control, según los casos, en razón de no haber ejercido un control apropia- 67 139 Art. 8.2.b.i del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 140 Art. 8.2.b.ii ídem. 141 Art. 8.2.b.iii ídem. 142 Art. 8.2.b.iv ídem. Revista Española de Derecho Militar. Núm. 101, enero-junio 2014
REVISTA ESPAÑOLA DERECHO MILITAR 101
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