Pablo Ramírez Jerez lo que no dio prioridad a estos asuntos; de todos estos proyectos no se pre-sentó más que el relativo a la aparcería rural. Además, el gobierno de Fer-nández Villaverde duró apenas un semestre, y el nuevo gobierno liberal de Montero Ríos tenía otras prioridades. En la introducción de la obra justifica y defiende estos proyectos, destacando el énfasis que pone en la necesidad de la instancia única en lo civil, la conveniencia de aumentar el sueldo y el prestigio de los magistrados, o la reforma del Código Penal de 1870. Ade-más, Ugarte rechazaba la pena de muerte y se enorgullecía de haber hecho uso del indulto más que cualquiera de sus predecesores en el Ministerio. Poco después, con motivo de la aprobación de la Ley de Jurisdicciones de 20 de marzo 1906, que ponía bajo jurisdicción militar las ofensas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del Ejército, Ugarte escribió una serie de artículos para «La Época» que fueron poco después publicados conjuntamente en El Ejército y la imprenta: Cartas a un teniente (Madrid, Ricardo Fe, 1906. 87 p.). En diciembre de 1904 fue nombrado consejero permanente de Estado, con destino a la Sección de Presidencia, Estado y Gracia y Justicia14, sién-dolo de nuevo en 1910-1912 en calidad de exministro de la Gobernación. Sus probadas dotes de jurista le valieron el nombramiento de Fiscal del Tribunal Supremo en enero de 1907, durante el gobierno de Maura. El hecho más destacable de su paso por el alto tribunal fue el viaje que realizó a Barcelona en 1909 comisionado para el estudio y deducción de responsabilidades por los hechos acaecidos durante la Semana Trágica. El 8 de diciembre de 1909 cesó como fiscal; como tal, se había encargado de las Memorias presentadas en las aperturas de tribunales de los años 1907, 1908 y 1909, donde daba cuenta del estado de la Administración de Justi-cia y proponía las reformas convenientes para un mejor servicio. Además de sus facetas de jurista y político, Ugarte fue una persona preocupada por las condiciones de vida de la clase obrera, la famosa cues-tión social, y trabajó en su mejora tanto desde la acción católico-social como desde la legislación. Como miembro y secretario de la «Asociación General para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera» se ocupó de la Memoria leída en la Junta General celebrada el 17 de mayo de 1896 (Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1896. 91 p.), así como las de 1897, 1898 y 1899. El objeto de esta Asociación era la protección de la clase obrera y el estudio y remedio de sus necesidades en el orden religio-so, moral y económico; vinculadas a la misma se encontraban el «Círculo Católico de Obreros de San Isidro», que hacía las funciones de Caja de 14 Archivo del Consejo de Estado, sign. P-058-027. 150 Revista Española de Derecho Militar. Núm. 103, enero-junio 2015
REVISTA ESPAÑOLA DERECHO MILITAR 103
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