Agustín González González un derecho (sanción interdictiva) o imposición de una obligación (sanción pecuniaria)- como consecuencia de una conducta ilegal» (GARCÍA DE ENTERRÍA6), y por ello es claro que la previa ilegalidad debe localizarse específicamente en una tipificación como infracción administrativa, por aplicación del principio de tipicidad penal a la potestad sancionadora de la Administración, aplicación que por otra parte ha sido reiteradamente de-clarada conducta posterior del administrado, aunque suponga incumplir un deber, podrá tener otras consecuencias restrictivas o negativas para su esfera jurí-dica del siglo xix, entre sanciones administrativas y otras decisiones restrictivas de derechos adoptadas por la Administración en el seno de concretas rela-ciones deberes que le incumben. Se trata en este segundo caso, de declaraciones de caducidad o revocaciones (parciales o totales) de licencias, autorizacio-nes y revocación o caducidad, ha sufrido el embate de la vis expansiva del art. 25.1 CE. En efecto, dado que solo las sanciones administrativas están garantizadas por el derecho fundamental a la legalidad sancionadora, y dado también que solo en estos casos hay amparo ante el Tribunal Consti-tucional, restrictivas impuestas por la Administración. El punto de llegada ha sido un amplísimo concepto de sanción administrativa, desconocido en nuestra tradición jurídica y que no diferencia entre realidades jurídicas notoria-mente de la Sala 3.ª sección 3.ª, de 3 de abril de 1990), los actos administrativos y, en concreto, las sanciones administrativas no dependen de la denominación que se les dé en la norma, sino de su auténtica naturaleza y características, y de las consecuencias que derivan de su contenido. Se trata, en definitiva, de adoptar un concepto material de la sanción administrativa, porque si se atiende a un criterio meramente formal, al nomen con que aparezca en la ley, el legislador podrá eludir las exigencias constitucionales establecidas para las sanciones administrativas con el simple mecanismo de una inade- Administrativas y anexo (12.ª ed.) CIVITAS EDICIONES S. L. 64 por nuestros Tribunales. Si no hay tipificación anterior expresa, la pero difícilmente se estará en presencia de una sanción administrativa. La doctrina iuspublicista viene distinguiendo, desde el último tercio jurídico-públicas frente al incumplimiento por el particular de los y concesiones administrativas. Esta distinción elemental entre sanción no es extraño que este haya ampliado progresivamente los con-tornos del concepto de sanción administrativa hasta amparar otras medidas distintas. Por último, respecto al carácter formal o material de las sanciones ad-ministrativas, como señala una sentencia el Tribunal Supremo (Sentencia 6 GARCÍA DE ENTERRÍA, ESCALANTE JOSE ANTONIO Código de las Leyes Revista Española de Derecho Militar. Núm. 103, enero-junio 2015
REVISTA ESPAÑOLA DERECHO MILITAR 103
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