Pepe Díaz —¿Cuál es su impresión sobre la marcha del calendario de paz? —El proceso es especialmente complejo y no cuenta con el apoyo de parte de la población colombiana. De hecho, el plebiscito sobre los acuerdos de paz significó una derrota gubernamental, aunque con una alta abstención y con la victoria del no por un puñado de votos. No obstante, no se percibe una oposición general al proceso y parece aceptarse por muchos como un mal menor a cambio de una paz que se busca desde hace más de 50 años. La derrota en el plebiscito ha ralentizado la logística y, al final, como en todas las operaciones, es la logística la que da la victoria. Se han acumulado retrasos en todas las fases previstas que hacen que sea imposible cumplir con el calendario marcado y que la incertidumbre sea permanente. —¿Los guerrilleros están realmente decididos a reinsertarse? —Sí. La guerrilla quiere terminar con la dejación lo antes posible para así poderse incorporar al proceso político que debe terminar en las elecciones de 2018, donde esperan obtener una amplia representación que les permita influir en la política nacional, pero los incumplimientos logísticos harán alargar ese momento influyendo en el proceso electoral. Según los acuerdos la reinserción debe corresponder a una misión que seguirá a la actual. Considero, sin embargo, que la principal preocupación de los guerrilleros no es la reinserción sino su propia seguridad. En el país subsisten otros grupos guerrilleros y delincuenciales que podrían actuar con violencia hacia ellos una vez desarmados. Otros procesos de paz anteriores fracasaron por los asesinatos de guerrilleros desmovilizados que obligaron al rearme y a la autodefensa. Es el estado el que ahora debe garantizar la seguridad de los desmovilizados. Por otra parte las FARC prevén la creación de una especie de villas comunales en sus nuevos campamentos, donde se creen comunidades socialistas autogestionadas y cooperativistas desde las que los guerrilleros irán desarrollando actividades económicas, pero manteniéndose agrupados. No se espera pues que retornen a sus poblaciones de origen, aunque en mi opinión será difícil mantener la cohesión en estos grupos de exguerrilleros. —¿Está preparada la sociedad colombiana para aceptarlos? —La sociedad colombiana desea la reconciliación, pero hay una división entre los que aceptan los acuerdos como un precio que hay que pagar para obtener la paz y los que consideran que la aplicación implacable de la ley debe caer sobre los guerrilleros que han cometido crímenes. Está claro que la postura de los segundos aleja a las FARC del proceso y garantiza varios años más de guerra. Y aunque la superioridad militar del Gobierno es aplastante y por ello se han firmado los acuerdos, sería muy difícil aniquilar una guerrilla de 7.000 efectivos en un país con estas condiciones orográficas y climáticas. Y así lo entendió el Gobierno y parte de la población y por eso los acuerdos hacen concesiones a la guerrilla que para los más legalistas son inaceptables. Víctor Hernández —¿Qué procedimiento se sigue para la entrega y destrucción del armamento? —Los guerrilleros deben registrar sus armas y, luego, las van entregando. Ese momento es especialmente importante ya que materializa su legalización como ciudadanos. El armamento se recoge en contenedores metálicos. El que se extrae de las caletas debe ser transportado desde lugares remotos e inaccesibles, normalmente a lomos de mulos, hasta los campamentos donde se incorpora al resto de armamento entregado. Cuando se complete la dejación los contenedores serán retirados y el armamento destruido. Ese armamento será fundido para construir tres monumentos a la paz que se ubicarán en la sede de la ONU de Nueva York, La Habana y Bogotá. En cuanto a las municiones y explosivos, serán destruidos mediante su voladura en unas zonas especiales. Junio 2017 Revista Española de Defensa 17
REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA 340
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