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REVISTA DE HISTORIA MILITAR 122

CUBA 1873. LA CAPTURA DEL “VIRGINIUS”. EL INCIDENTE… 187 Introducción Este artículo relata los hechos ocurridos en Santiago de Cuba relacionados con el caso del vapor Virginius. Los hechos se iniciaron el 1-XI-1873, con la captura del buque filibustero Virginius, vigilado y seguido por las autoridades españolas desde 1870, fecha de su compra por los insurgentes de Cuba, para usarlo como transporte de personal y armamento y finalizan el 26-XII-1873, fecha de su hundimiento en aguas norteamericanas. Aunque su compra se registró a nombre de un súbdito norteamericano, la operación no se realizó de acuerdo con las leyes norteamericanas, y por ello el buque no era de esa nacionalidad ni podía enarbolar su bandera, tal como lo expresó tras las pruebas aportadas por España, el dictamen del Fiscal General de los Estados Unidos. Era por tanto, el Virginius un buque perteneciente a españoles insurgentes, con una dotación de ellos y de aventureros extranjeros contratados, que no portaban documentación, ni fueron capaces de demostrar de donde eran, que conocían lo que hacían y que actuaban protegidos por los Cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo Revista de Historia Militar, 122 (2017), pp. 187-248. ISSN: 0482-5748 cual no tenían derecho. Estos dos países, para justificar sus continuas actuaciones, no podían admitir que el Virginius fuera un buque pirata, y defendieron inicialmente la postura de considerarlo: un buque norteamericano; con bandera norteamericana; con tripulantes de sus naciones y que se dedicaba al contrabando para uno de los beligerantes, los Cubanos de la no reconocida nación de Cuba, en guerra con España, aunque no estuviera reconocido el carácter de beligerantes a los insurgentes por ningún país. A continuación de la captura, tras la toma de declaraciones previas y de acuerdo con la legislación de aquel momento, se sometieron a los insurgentes a dos Consejos de Guerra verbales, uno por el Ejercito de Tierra a los pasajeros y otro por la Armada a la dotación del buque, dictándose 56 penas de muerte, de acuerdo con la legislación internacional y nacional vigente. El Gobierno de España, debido a la presión de los gobiernos Americano y Británico, y a las decisiones personales del Presidente de la Republica Española, interfirió en las atribuciones que estaban delegadas en las autoridades de Cuba y ordenó que no se cumpliesen las sentencias de penas de muerte. Las sentencias se cumplieron porque no llegó en tiempo la orden. Los mensajes no llegaron a Santiago de Cuba, por estar interrumpidas las líneas telegráficas por los insurgentes desde el día 1 al 9 de XI-1873. El gobierno de la República, tomó decisiones precipitadas, basadas en decisiones unilaterales del Presidente del Poder Ejecutivo, Castelar, aceptando un acuerdo con todas las reclamaciones norteamericanas, siguiendo


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