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REVISTA IEEE 9

50 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) Núm. 9 / 2017 A pesar del hecho de que la seguridad se define actualmente cada vez más en términos que trascienden un enfoque puramente militar, las Fuerzas Armadas continúan siendo, por excelencia, quienes proporcionan la seguridad al Estado. Dadas las graves consecuencias que tiene en la vida y en el bolsillo de los ciudadanos, la decisión de enviar a las Fuerzas Armadas debe ser sopesada cuidadosamente, y su empleo debe estar sujeto a las exigencias técnicas de un instrumento tan complejo y letal. El militar, por tanto, como experto en el uso de la fuerza, debe tener voz en el proceso establecido para elaborar la política de seguridad, en pie de igualdad con el resto de agentes de la comunidad de seguridad. Una buena integración del militar en el debate sobre seguridad, si se mantiene en los límites de unas CMR democráticas, facilita la inclusión de la estrategia militar en el nivel superior de la estrategia y política general de seguridad. No garantiza que la política se vaya a analizar adecuadamente pero, al menos, posibilita ese análisis exhaustivo. La definición de la política de seguridad es un proceso político que entraña conflicto y negociación20. Al participar en ella, el militar abandona la esfera castrense para entrar en el terreno político. En su papel de colaborador en el proceso, debe desarrollar su perspicacia política para captar los entresijos y las limitaciones de la política. Debe también aportar el mejor asesoramiento del que sea capaz, exponiendo las soluciones militares y el punto de vista del técnico sin abogar abiertamente por ninguna de ellas, con el fin de no constreñir innecesariamente al político en su decisión o de satisfacer solo los intereses corporativos de los militares. Debe ser escuchado, no solo por ser un miembro legítimo de la comunidad de seguridad, sino porque negarle la palabra en el proceso priva a los ciudadanos de su derecho a tener la mejor política posible. En el transcurso de su participación, el militar tiene que intervenir en el debate político y, al mismo tiempo, tener cuidado de no traspasar los límites de lo que es aceptable en las relaciones cívico-militares. Si abandona su papel de colaborador honesto en el proceso, técnicamente competente y desinteresado, pronto será visto tanto por los políticos como por los ciudadanos con el mismo cinismo con el que miran a otras instituciones21. Para valorar la salud de un modelo de relaciones cívico-militares en esta área, queremos fijarnos en el propio proceso con el fin de comprobar si está institucionalizado o no, y si los militares participan en él como miembros; si deja un espacio razonable para el asesoramiento militar, y si esas recomendaciones se toman en consideración, no necesariamente si son aceptadas. El análisis debería considerar igualmente la calidad de la participación. Para elaborar buenas políticas se requiere de élites políticas bien formadas en materia de seguridad 20  SZAYNA, Thomas S., et al. The Civil-Military Gap in the United States. Does It Exist, Why, and Does It Matter? Santa Mónica, CA: RAND Corporation, 2007, p. 20. 21  BROOKS, Risa A., «Militaries and Political Activity in Democracies», en American Civil-Military Relations. The Soldier and the State in a New Era.Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2009), p. 216. http://revista.ieee.es/index.php/ieee

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