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REVISTA IEEE 9

66 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) Núm. 9 / 2017 El régimen británico de CMR se encuentra en una encrucijada como consecuencia de los despliegues operativos en Iraq y Afganistán. El sistema está sujeto a importantes presiones procedentes tanto de la esfera política como de la ciudadanía, y se halla inmerso en un proceso de cambio para adaptarse al nuevo entorno. Se reconocen dos tendencias en ese cambio. La primera está motivada por las deficiencias identificadas en el proceso de formulación de estrategias a nivel político y en la supervisión política de las operaciones, que impuso en 2010 una revisión integral de la gestión de la Defensa. Esta revisión dio como resultado un tránsito hacia una supervisión política más estrecha de las actuaciones operativas de los militares, hacia un proceso de formulación de políticas más formalizado con responsabilidades definidas más claramente y con menos influencia militar, y hacia una menor autonomía profesional, ya restringida en áreas como adquisiciones y equipamiento y justicia militar. Una segunda tendencia surge directamente a partir de lo que parece ser una creciente brecha entre civiles y militares, y entre sus respectivos conjuntos de valores. Esta tendencia se manifiesta en cuestiones como la escasa tolerancia pública a la mala conducta militar durante las operaciones, el proceso de juridificación de una justicia militar cada vez más cuestionada, los problemas crónicos con el reclutamiento y la retención del personal en las Fuerzas Armadas, o la creciente presión para la sindicalización. Como efecto colateral, los recientes despliegues han favorecido la utilización de los militares como instrumento en las luchas políticas. Las prolongadas operaciones en Iraq y Afganistán han provocado un debate público sobre el «contrato social» acercando a los ciudadanos a los militares —con el Army Covenant en el centro—, en el que la gente de a pie ha mostrado un mayor nivel de respaldo hacia el bienestar de sus soldados. La oposición lo ha utilizado como una oportunidad para desgastar al partido en el Gobierno, sin considerar las consecuencias negativas que ello podría tener a largo plazo en la salud de las relaciones cívico-militares. Este debate, y la necesidad de hacer atractivo el servicio militar con el fin de mitigar los problemas de reclutamiento, ha derivado en una mejora del apoyo social otorgado a los militares y sus familias. Es un hecho positivo por sí mismo. No obstante, ahora que las operaciones han terminado y los militares ya no ocupan el centro de atención, existe la posibilidad de que esta situación produzca el efecto contrario bajo el creciente malestar de una población civil que podría empezar a ver a las Fuerzas Armadas como un grupo privilegiado, y al militar como un «ciudadano con derechos especiales» dentro de la sociedad británica65. Ambas partes de la relación cívico-militar deberían esforzarse por evitar esta situación. No está claro si estas tendencias son efímeras, o si están produciendo un cambio más profundo en el modelo de CMR del Reino Unido. En cualquier caso, el potencial 65  INGHAM, The Military Covenant, p. 165. http://revista.ieee.es/index.php/ieee


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