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REVISTA ESPAÑOLA DERECHO MILITAR 97

Aunque esta definición parece a priori satisfactoria, lo cierto es que, al poner el énfasis en el vínculo jurídico, deja fuera del ámbito de protección a gran número de grupos que, a pesar de tener un origen nacional común e identificarse con una misma nacionalidad, no tienen reconocimiento oficial por parte del gobierno competente223. Por ejemplo, en el caso de emigrados que residen en otro Estado, claramente constituyen un grupo nacional pero es relativamente usual que no tengan el reconocimiento de su nacionalidad originaria (caso de exiliados políticos, emigrantes ilegales o, simplemente, de estados que no permiten la doble nacionalidad). La adopción de una definición basada en el vínculo jurídico anula la posibilidad de definir el ataque contra ciertas minorías nacionales como genocidio, o bien obligaría a forzar, de nuevo, los límites de los grupos étnicos. A fin de salvar este importante obstáculo, se plantean otras definiciones más satisfactorias. En este sentido, el informe de la ONU de 1978 del relator Ruhashyamiko, diferenciaba dos sentidos de esta noción: uno político-legal (vinculado a la ciudadanía) y otro etnográfico o sociológico (vinculado al origen)224. En mi opinión, es este último el relevante. Una postura similar parece adoptar la Ley estadounidense de transposición de la Convención contra el Genocidio, que define los grupos nacionales como «conjuntos de ciudadanos cuya identidad como tal es propia en términos de nacionalidad o de origen nacional»225. También apoyándose en otros documentos internacionales, Nsereko presenta una definición que limita el grupo nacional a aquel cuyos miembros provienen de una nación o Estado soberano y viven en otro Estado; generalmente tales grupos cuentan con una historia, lengua, raza y cultura comunes226. Sin embargo, a mi juicio, requerir que residan en otro Estado es innecesario. Son frecuentes los casos de grupos nacionales que residen en su propio Estado, como también lo son los casos de Estados plurinacionales. Sin embargo, sí me parece útil identificar «nacional» con «origen nacional»227, «lugar de origen» o «país de origen»228. 223  LÜDERS, B., Die Strafbarkeit von Völkermord nach dem Römischen Statut für den Internationales Strafgerichtshof, óp. cit., págs. 72 a 74. 224  Informe Ruhashyamiko, párrafos 59 a 64. 225  Convention Implementation Act, 1987 (Proxmire Act), 1093, 5. 226  NSEREKO, D., «Genocide: a crime against mankind», óp. cit., pág. 131. 227  Denominación especialmente relevante puesto que corresponde a los términos empleados por la Declaración Universal de Derecho Humanos (artículo 2) y la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 14). Adoptada también por BASSIOUNI, M. C., International Criminal Law, óp. cit., pág. 291. 228  NSEREKO, D., «Genocide: a crime against mankind», óp. cit., pág. 131. 154


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